• El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, exigió en enero a la Comisión Europea que “supervisara el posible incumplimiento de España de las directivas y recomendaciones comunitarias que combaten el abuso de la temporalidad en la función pública”
  • Un mes después, la Comisión Europea informó al eurodiputado que el Ejecutivo comunitario está investigando a España por no poner coto al abuso de los contratos temporales en el sector público

El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TJUE que considera ilegal el abuso de temporalidad en el sector público. Para Cañas, “esta sentencia demuestra que la denuncia de los trabajadores interinos tenía base jurídica para prosperar”. En su interpelación ante la Comisión Europea el pasado mes de enero, Cañas subrayó que “en España, gran parte de los 800.000 trabajadores públicos cubren necesidades permanentes bajo contratos o nombramientos temporales”, ya que la administración empleadora incumple la prohibición de abuso de la temporalidad de la directiva 1999/70/CE.

Cañas ha aprovechado para valorar muy positivamente el trabajo realizado de los representantes de los trabajadores temporales en España con los que se reunió el pasado mes de diciembre y ha destacado “la importancia de trabajar de forma coordinada para lograr que se garanticen sus derechos”. “Hoy vemos que sus demandas son respaldadas por el TJUE”, ha reiterado, “ahora tienen que resolver los juzgados de Madrid pero sin duda, este es un gran paso para el colectivo y seguiremos muy de cerca lo que acontezca a partir de ahora”. Por otra parte, ha recordado que el comisario de Empleo ha comunicado que “la Comisión está investigando si las disposiciones vigentes en el sector público de España incumplen la directiva”.

El eurodiputado confía que “el Gobierno de Sánchez se vea obligado a modificar la normativa” para “acabar de una vez por todas con el encadenamiento abusivo de contratos temporales en el sector público”. “La contratación temporal tiene que responder a necesidades provisionales”, ha añadido, “pero en la realidad, tal y como dicta el TJUE, oculta la cobertura de necesidades permanentes”. “Los empleados públicos deben saber que estamos a su lado, que remamos todos en una misma dirección”, ha declarado, “y que el trabajo parlamentario desde la Eurocámara contribuirá sin duda a corregir una situación manifiestamente injusta”.