La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria sobre los obstáculos a la libertad de utilización de su lengua que sufren los alumnos que desean recibir las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en castellano.
La pregunta presentada recuerda que el Artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe toda discriminación, en especial, la ejercida por razón de lengua. Asimismo, destaca que el Artículo 6 de la LO 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, señala que todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales (español y catalán) y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas, pero también que los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para que no haya discriminación por el uso de una u otra lengua.
Por tanto, señala Pagaza, cualquier estudiante en Cataluña tiene legalmente derecho a hacer la EBAU en español o en catalán, en igualdad de condiciones. Sin embargo, este derecho resulta obstaculizado en la práctica, porque no es automático y los estudiantes que quieren recibir el examen en español se ven obligados a solicitarlo con antelación. Y ello, “en un contexto de hostilidad institucional hacia la lengua española”.
La vicepresidenta de LIBE considera que la Administración regional catalana actúa así “arbitrariamente”, y denuncia que se registre estadísticamente como «incidencia», las peticiones del derecho efectivo de realizar la prueba en castellano. “Cuando se clasifica una opción como incidencia se categoriza como algo ‘anómalo’, cuando lo cierto es que los alumnos tienen que poder disfrutar del derecho de recibir su examen en las dos lenguas, con la misma facilidad, sin que por ello sean señalados o estigmatizados”, indicó.