• Maite Pagaza: “En España se está produciendo un clima de impunidad por la falta de legislación para el desalojo”

La vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa, ha trasladado a la Comisión Europea la problemática de la okupación en España, después de la alarma social que se desencadenara el pasado verano por el aumento de allanamientos de viviendas que denotó las lagunas en la legislación española.

La eurodiputada de Renew Europe ha preguntado al Ejecutivo comunitario si piensa tomar medidas para unificar la legislación concerniente a la okupación en Europa, de manera que se proteja la propiedad privada y se eliminen las trabas existentes en los procesos judiciales para que los propietarios puedan recuperar su vivienda. “En España, se han registrado 7.450 denuncias por okupación en los primeros seis meses de 2020, muchas de las cuales entran en un largo y complejo proceso que retrasa el desalojo”, ha subrayado.

Pagaza ha recordado que cada Estado miembro tiene una regulación diferente, y la aplicación de la ley depende de la denuncia del propietario, e incluso de la actuación policial ante los casos de extorsión. “En Francia o Alemania, se aplican penas de entre año y medio o dos años por okupación. Por el contrario, en España, la normativa no permite a la policía intervenir para expulsar a los okupas de la vivienda si han pasado 24 horas desde el momento del allanamiento. Se está produciendo un clima de impunidad en el país”.

En este sentido, la europarlamentaria ha lamentado que el Congreso de Diputados rechace la iniciativa de Ciudadanos para endurecer las penas contra quienes ocupan ilegalmente y agilizar la recuperación de viviendas. La propuesta de la formación liberal pretendía instar al Gobierno a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de okupación o usurpamiento se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en menos de doce horas.

Al no salir adelante, Pagaza ha solicitado a la Comisión que aplique la Carta de Derechos Fundamentales que especifica que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública”. “Familias enteras no pueden entrar en su propia vivienda y los Gobiernos lo están consintiendo. Europa debe actuar para proteger a los ciudadanos de la okupación ilegal”, ha concluido.