• Pagaza, que ha tenido un recuerdo para los periodistas españoles asesinados en Burkina Faso, ha apostado por este instrumento porque será “útil ante nuevas mutaciones del terrorismo a través de Internet”

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha celebrado la aprobación por el Pleno de la eurocámara de la posición en primera lectura del Consejo de ministros de la UE sobre el Contenido Terrorista Online, que refleja el acuerdo alcanzado en diciembre entre las dos instituciones y establece las bases, entre otras medidas, para la retirada de dichos contenidos en el plazo de una hora.

Pagaza ha recalcado la importancia de sostener la lucha contra el terrorismo en todos los ámbitos y ha resaltado que la aprobación de este Reglamento es una forma de rendir memoria y tributo a David Beriáin y Roberto Fraile, los dos excelentes periodistas españoles asesinados por un grupo armado que los asaltó en Burkina Faso, donde trabajaban en un documental, así como a la policía francesa víctima igualmente del terrorismo el pasado viernes.

“Los ciudadanos de Europa necesitan que regulemos sobre los nuevos problemas graves que acechan nuestras sociedades. No hacerlo significaría aceptar la impunidad y permitir que los terroristas nos hagan más daño y que expandan su veneno más fácilmente. Y debido a que la protección de los derechos fundamentales es clave para nosotros, nos hemos tomado todo el tiempo necesario para trabajar con rigor y lograr la seguridad jurídica, el equilibrio y la proporcionalidad necesaria. La eficacia es eso”, ha recalcado Pagaza. “No actuar para luchar contra el terrorismo supondría una irresponsabilidad. No olvidemos lo que estamos combatiendo”, ha explicado.

En este sentido, la eurodiputada de Ciudadanos ha destacado que se ha velado por establecer todas las garantías necesarias. El Reglamento permitirá la retirada de contenidos en un plazo de una hora. 

“La violencia intolerante ha encontrado en Internet nuevas maneras de promocionarse y de atemorizar. El componente transnacional del crimen organizado alcanza también a la criminalidad terrorista. Se trata de impedirlo para debilitar las nuevas mutaciones de este tipo de actividad criminal. Ser débiles o ineficaces con los intolerantes agudizaría su codicia de poder, su codicia de supeditarnos”, ha explicado Pagaza, para añadir: “No lo debemos tolerar, por eso este Reglamento de aplicación directa en toda la Unión Europea es una de las grandes tareas legislativas que comenzamos en el mandato anterior y culminamos en éste”.

Pagazaurtundua ha recalcado además que el mecanismo transfronterizo es esencial para alcanzar el objetivo de este Reglamento de aplicación directa, de modo que “el contenido terrorista que sea descubierto por la autoridad competente en un Estado miembro tendrá que ser eliminado lo antes posible en todos los Estados miembros para evitar que se siga propagando”.

 

Un Reglamento equilibrado 

El Pleno del Parlamento aprobó a última hora de ayer este Reglamento, que cuenta con un amplio apoyo. Según lo acordado, los Estados miembros son libres de elegir su autoridad competente, siempre que ésta actúe de forma objetiva y no discriminatoria, respetando plenamente los derechos fundamentales. Para evitar intromisiones interesadas o partidistas, se prevé que las autoridades competentes no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún otro organismo en relación con el desempeño de sus funciones.

La vicepresidenta de LIBE ha subrayado además que el único contenido que puede ser objeto de una orden de retirada es el contenido terrorista, definido en el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/541. “No se considerará contenido terrorista por tanto cualquier material difundido con fines educativos, periodísticos y artísticos, de investigación o de prevención o lucha contra el terrorismo”.

Para garantizar que los derechos de todos son respetados, se prevé un sistema de revisiones y recursos que permite al Estado miembro que recibe la orden no ejecutarla o que, tanto la plataforma que presta el servicio como el proveedor del contenido, puedan impugnar la orden ante los tribunales del Estado que ha emitido la orden o en el que se encuentren. En caso de error o anulación de la orden de retirada el proveedor de servicios tomará las medidas necesarias para poder restablecer el contenido o el acceso en caso de que la orden haya sido anulada.

“Es responsabilidad de todos que el mecanismo funcione y los Estados miembros deben velar por que las obligaciones que establece el Reglamento sean respetadas”, ha dicho Pagaza al hablar del sistema de sanciones que prevé el texto, para añadir que “como cualquier sistema de sanciones debe ser proporcionado y tener en cuenta si la empresa está empezando, si es una pyme, su situación financiera o los recursos con los que cuenta para abordar esas obligaciones”.