-
La eurodiputada Maite Pagaza alerta de que las violaciones están tomando naturaleza sistemática y pide a Bruselas que amoneste al Gobierno por no intervenir en defensa del Estado de Derecho.
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha enviado a la Comisión Europea y al grupo de control del Estado de Derecho un demoledor dosier que muestra los ataques a las libertades civiles en Cataluña, junto con la advertencia de que es necesario frenar esta “situación cronificada” que está tomando “de forma paulatina naturaleza sistémica”.
“No hay ultraidentitarismo o identitarismo excluyente aceptable, ése debe ser el punto de partida. La Comisión debe actuar con firmeza utilizando todos los instrumentos a su alcance cuando se producen situaciones como éstas, favorecidas por gobiernos o, como en este caso, entidades subestatales, sin intervención en contra del gobierno del Estado miembro”, indica Pagaza. Y recuerda: “Para que el Estado de derecho democrático sea eficazmente defendido debemos actuar ante todos los ataques, en todos los rincones de Europa. Debemos advertir a las entidades subestatales que discriminan, como hemos hecho en el caso de las zonas declaradas contrarias a personas LGTBi en Polonia”.
El informe desgrana los diferentes derechos civiles que se están dañando en Cataluña después de más de 40 años de políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes con cultivo exclusivo del catalán. En este sentido, muestra los ataques contra el derecho a la igualdad de trato y derecho a la educación, tanto en la enseñanza obligatoria como secundaria y universitaria, con especial énfasis en la hostilidad, acoso y “bullying institucional” hacia las familias.
También se analiza la libertad de expresión, libertad ideológica y libertad de asociación; la vulneración de los derechos fundamentales por acción y por omisión en la Universidad; los ataques al pluralismo y persecución de las organizaciones estudiantiles en la Universidad y las actuaciones discriminatorias contra estudiantes contrarios al nacionalismo como Sha Acabat. La libertad de cátedra en la Universidad catalana y la falta de neutralidad de las mismas, junto con las muestras de posicionamientos políticos constantes a favor del secesionismo, cierran un anexo de sentencias, referencias y hemeroteca que convierten este informe en el más completo e inapelable que se han presentado ante las instituciones comunitarias.
En este sentido, Pagaza recordó que el art 19 del TFUE establece que está prohibida cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
“La calidad del Estado de Derecho no se deteriora de un día para otro, es algo casi imperceptible al principio y que se agrava si no hay una voz de alarma y una respuesta, por lo que también debe preocuparnos en Estados que pasan más desapercibidos. Es necesario mantenernos vigilantes en todos los Estados miembros”, manifiesta en la eurodiputada. “Hay algunos indicadores de deterioro del Estado de Derecho en España porque se toleran manifestaciones de ultra identitarismo en entidades subestatales, que rememoran el espíritu de las que llevan a cabo los gobiernos ultra identitarios de Hungría y Polonia”, añade.
En cuanto a la discriminación en la enseñanza obligatoria, recalca que contraviene las recomendaciones de la Unesco sobre la lengua materna pues se excluye la lengua común española como lengua vehicular incumpliendo leyes y sentencias judiciales.
Respecto a lo que ocurre en las universidades, la eurodiputada de Cs hace un repaso de cómo los tribunales, en primera, segunda e incluso tercera instancia (Juzgados, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo) han condenado a todas las universidades públicas de Barcelona por vulnerar el derecho a la no discriminación por razón de opinión, ataques al pluralismo y persecución de las organizaciones estudiantiles en la Universidad.
“Las universidades públicas catalanas han lesionado las libertades fundamentales de reunión y manifestación, con ocasión del acoso violento que han sufrido grupos de estudiantes constitucionalistas que pretendían ejercer tales libertades”, añade Pagaza.