El eurodiputado Jordi Cañas advierte contra un nuevo ataque del Ejecutivo catalán contra la libertad y el derecho a la no discriminación lingüística en el mercado único europeo

El eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Mercado Interior en el Parlamento Europeo, Jordi Cañas, ha denunciado ante la Comisión Europea la amenaza de la Generalitat a un bar de Reus que no atendió en catalán a un cliente y que se arriesga a una multa de 20.000 euros.

“Es una vulneración del principio de no discriminación lingüística en Cataluña en el ámbito de la libre prestación de servicios en el mercado único europeo”, ha asegurado el eurodiputado catalán en una pregunta por escrito al Ejecutivo comunitario. Jordi Cañas explica lo ocurrido y reclama un procedimiento de investigación por vulneración de los derechos fundamentales de la UE en un Estado miembro.

“Estamos ante un abuso y un nuevo ataque de la Generalitat de Cataluña a los derechos y libertades de sus ciudadanos”, ha afirmado Cañas. El propietario del bar de Reus en cuestión recibió una advertencia por carta de los Servicios Territoriales de la Consejería de Empresa de Tarragona, una posible sanción de 20.000 euros por no atender en catalán a uno de sus clientes.

El eurodiputado catalán explica a la Comisión que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE amparan los derechos de los catalanes castellanoparlantes. Esta imposición del catalán supone una flagrante violación del principio de no discriminación lingüística en el marco de la legislación europea aplicable en el mercado único.

El eurodiputado liberal ha llevado ante el Ejecutivo comunitario otros abusos de la Generalitat contra la libertad de empresa en Cataluña, como la obligación de usar el catalán para solicitar ayudas Covid. “Son hechos que se suman a la vulneración sistemática del secesionismo en el poder de los derechos de los castellanoparlantes”, censura el eurodiputado.

Por ello, reclama una reacción de la Comisión Europea. “¿Piensa iniciar un procedimiento de investigación de los acontecimientos y constantes vulneraciones del principio de no discriminación y los derechos de la UE por parte del Gobierno catalán en este Estado Miembro?”.