La  eurodiputada Eva Poptcheva alertó a la Comisión de que la reforma del Gobierno no cumplía los principios de equidad intergeneracional y sostenibilidad requeridos

La Comisión Europea ha respondido a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Economía, Eva Poptcheva, asegurando que se podría comprometer la entrega de fondos de recuperación a España si no se lleva a cabo una reforma de las pensiones que asegure los principios de equidad intergeneracional y sostenibilidad. 

Poptcheva alertó el pasado mes de octubre de que la subida sin precedentes de las pensiones que había anunciado el Gobierno de Sánchez iba en dirección contraria a lo exigido por la Comisión, y aseguraba que el Ejecutivo de PSOE-Podemos, que se había comprometido con Bruselas a reformar el sistema en julio de 2021 en el marco del Plan de Recuperación, estaba utilizando las pensiones para hacer “campaña electoral con el presupuesto público”.

En la respuesta, el comisario Gentiloni sostiene que pese no haber evaluado todavía el hito de las pensiones, el Ejecutivo comunitario ya “señaló su preocupación por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del plan de recuperación y resiliencia, en el que se incluía el mecanismo de equidad intergeneracional”.

La subida del 8’5% se evaluará a principios de 2023, y la Comisión ha asegurado que si no se han cumplido satisfactoriamente los objetivos, “suspenderá parcialmente el pago”. “El Estado miembro dispondrá entonces de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos. Si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo”, continúa la respuesta.

Ciudadanos lidera en España y Europa la batalla contra la subida sin control de las pensiones que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido liberal ha denunciado activamente que la medida de Sánchez “hipoteca a futuras generaciones” y va en dirección contraria de la reforma que le exigió la Comisión de Europea para recibir los fondos Next Generation EU.