- La eurodiputada Maite Pagazaurtundua lanza dos preguntas a la Comisión para que refleje en su informe sobre el Estado de Derecho en España las consecuencias de la corrupción desde el caso Mediador al Kitchen
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido a la Comisión Europea que investigue la derivada comunitaria del caso Mediador, por el posible desvío de fondos Next Generation, y que analice las consecuencias de la rebaja del delito de malversación impulsada por el Gobierno.
La eurodiputada, que se ha mostrado muy preocupada por la pérdida de integridad al gobernar y los continuos casos de corrupción que aparecen en nuestro país, ha presentado dos preguntas a la Comisión a raíz del ‘caso Mediador’ y las consecuencias de la corrupción en España, que deberían tener un reflejo en el próximo informe sobre el Estado de Derecho relativo a nuestro país.
“Un Estado de Derecho sano lucha eficazmente contra la corrupción porque cada escándalo lo debilita. Construir un marco legal eficaz es el objetivo, y no precisamente desmontarlo mientras hay un suma y sigue de casos de malversación, corrupción o fraude como Mediador, EREs en Andalucía, etc”, ha indicado Pagaza.
Por un lado, la eurodiputada aborda la vertiente europea del caso Mediador, la presunta red de favores dirigida por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. “Entre los pagos con prostitutas, cenas y favores, se especula también sobre el posible desvío de fondos europeos Next Generation, relativos al proyecto europeo GAR-SI SAHEL, que nació en 2017 con la intención de ayudar, formar y equipar a las gendarmerías de Mauritania, Burkina, Malí, Níger, Senegal y Chad, para que luchasen contra el terrorismo y el crimen organizado en El Sahel”, expone la eurodiputada de CS.
Ante estas informaciones, Maite Pagaza pide a la Comisión que le informe sobre los controles que ha realizado para verificar que no se han utilizado fondos europeos de manera incorrecta en relación con este caso. Además, pregunta por qué no se comunicó a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) el informe de abril de 2022, en el que los expertos de la UE alertaron de gastos “imprudentes” o los intentos de controlar la contratación de personal o la entrega tardía de equipos.
Por otro lado, ‘Mediador’ es uno más en la lista de casos de corrupción investigados en España, donde precisamente se acaba de aprobar una reforma legal que ha rebajado las penas por el delito de malversación. El objetivo del Gobierno era suavizar el camino judicial de los independentistas procesados por el 1-O, pero puede ayudar también a otros corruptos.
“¿Cree la Comisión que España, con esta reforma legal, está contribuyendo a una política integral de prevención y reducción de la corrupción e incentiva el respeto de los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores?”, pregunta Pagaza en su iniciativa.
La eurodiputada cree que el Ejecutivo comunitario debe tener en cuenta estos casos en su próximo informe sobre el Estado de Derecho, así como el hecho de que España está en la posición 35 de los 180 países analizados por Transparencia Internacional, un puesto que comparte con Botsuana y Cabo Verde. La corrupción es uno de los cuatro pilares que analiza anualmente la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho, junto con los sistemas judiciales, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales.