Responden a Maite Pagaza que supervisan igualmente la lucha contra la corrupción, después de que la eurodiputada liberal les advirtiese de la “muerte por cien cuchilladas del Estado de Derecho” en el país
La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová y el Comisario de Justicia, Didier Reynders, han asegurado a Ciudadanos que siguen “de cerca” también la situación del Tribunal Constitucional y su composición de cara al informe 2023 sobre el Estado de Derecho en España.
Los comisarios responden así a dos cartas remitidas por la eurodiputada de CS y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza. La respuesta ha llegado precisamente cuando Reynders ha reclamado en Madrid, en un acto ante el Rey, que España debe abordar de forma urgente la renovación del CGPJ y la modificación del sistema de elección, antes de la presidencia española del Consejo de la UE.
La eurodiputada de CS les había advertido en sus cartas “de la muerte por cien cuchilladas del Estado de Derecho” en España por los nombramientos para el TC de exmiembros del Gobierno, la reforma de la sedición, la situación del CGPJ, la del español en Cataluña o el control de órganos como RTVE o el Tribunal de Cuentas.
Jourová y Reynders aseguran a Pagaza que “la Comisión sigue de cerca la situación del TC, en particular en el contexto de la preparación del Informe 2023 sobre el Estado de Derecho”. La eurodiputada ha pedido en sucesivas ocasiones que Bruselas pase de los mensajes públicos a advertir a España en este informe, “que se tomen muy en serio la estrategia populista que busca un control sobre el poder que va asfixiando el correcto funcionamiento de distintas instituciones”.
Los comisarios explican que están al corriente de los últimos nombramientos en el Tribunal Constitucional y de otros acontecimientos, como la suspensión ordenada en diciembre de la votación en el Senado de la reforma que cambiaba el sistema de elección del propio tribunal.
También saben de la preocupación por las declaraciones públicas de algunos miembros del Gobierno y políticos sobre los jueces. “Según las normas europeas, aunque los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio, el poder judicial debe gozar de la confianza pública para tener éxito, habida cuenta de su papel especial en la sociedad”, exponen.
Jourová y Reynders aseguran además que la lucha contra la corrupción es clave para la Comisión Europea, que va a presentar medidas para actualizar y reforzar el marco legislativo. De cara al nuevo informe del Estado de Derecho, Bruselas “supervisa” la evolución positiva o negativa de esta cuestión en cada país, aseguran en la carta.
Pagaza ha aplaudido esta propuesta comunitaria, que va “en dirección contraria” precisamente de la rebaja de la malversación aprobada por el Gobierno de Sánchez, “que completa la impunidad a políticos y gobernantes autores de graves delitos contra la integridad del Estado de Derecho y el presupuesto público”.