En una carta al comisario Reynders, la eurodiputada pide que la Comisión atienda la situación crónica de España en su informe anual sobre el Estado de Derecho: “Es necesario garantizar la separación de poderes, la no politización de la justicia, prevenir la corrupción”

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha denunciado ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que la convocatoria electoral del 23J vuelve a dilatar la enquistada renovación del CGPJ y que se acumulan también las polémicas respecto a la separación de poderes. Ambas situaciones deberían ser tenidas en cuenta en el informe anual que el Ejecutivo comunitario publicará en las próximas semanas sobre España, después de varios años de advertencias en materia de Estado de Derecho

En concreto, Pagaza subraya los escándalos que se refieren a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, nombrada ahora por el Gobierno al frente de la Sala de Memoria Democrática con maneras que ponen en entredicho la política de nombramientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo se ha dirigido de nuevo al comisario Reynders para reclamarle que el próximo informe sobre el Estado de Derecho en España tenga en cuenta estas cuestiones que afectan a la confianza de la sociedad en el poder ejecutivo.

“Garantizar la separación de poderes y la no politización de los órganos, proteger los derechos fundamentales, prevenir la corrupción y las tramas corruptas, generar la confianza en el sistema judicial y controlar el ejercicio del poder ejecutivo es sin duda necesario”, reivindica la eurodiputada en la carta.

Maite Pagaza ha mantenido informado a Reynders durante toda la legislatura de la situación del CGPJ, cuyo bloqueo se prolongará varios meses más por la convocatoria de elecciones en julio y que posiblemente continuará igual con el próximo ejecutivo. Los miembros del Consejo cumplirán en diciembre cinco años en funciones, una situación denunciada por la propia Comisión Europea pero que sus responsables -PSOE y PP– no están dispuestos a solucionar.

“No es porque el actual Gobierno no sepa aprobar leyes con rapidez”, explica Pagaza en la carta, en la que recuerda el abuso del uso del decreto ley por el Ejecutivo de Sánchez (135 entre 2018 y marzo de 2023), “que no requieren de análisis y estudio por parte del CGPJ, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo económico Social, ni tampoco permite la presentación de enmiendas por parte de los Grupos de la oposición”. “Los proyectos de ley han tardado unos cinco meses de tramitación en el procedimiento ordinario. Queda acreditada la falta de voluntad de cambiar la ley para mejorar la independencia del CGPJ y sortear el bloqueo político del que los dos grandes partidos se acusan mutuamente”, asegura.

También apunta la diputada que el 22 de junio se conocerá el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las denuncias presentadas por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria por no renovar el CGPJ desde diciembre de 2018. La asociación acudió a Europa tras el portazo del TC a admitir a trámite el recurso de amparo alegando que se presentó “fuera de plazo”.

En paralelo a todo ello, Maite Pagaza añade otro argumento de preocupación: el nombramiento de Dolores Delgado “al frente de la Sala más reciente y políticamente más sensibles, la de Memoria Democrática y Derechos Humanos”. “De hecho, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido en las últimas horas al Ejecutivo por cuestiones de muy posible conflicto de interés y nulidad”, expone en la carta a Reynders.

La eurodiputada detalla en el escrito los argumentos de estas organizaciones fiscales para oponerse a un nombramiento de la ex fiscal general del Estado, entre otros, su relación personal con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación FIGBAR, que “además de realizar actividades de intermediación y mantener un despacho de abogados con cifras millonarias anualmente, incluye actividad lucrativa en torno a la temática” que gestionará Delgado.

A todo lo anterior, Pagaza suma las maniobras desde la Fiscalía General para dilatar la investigación contra el fiscal Ignacio Stampa y apartarle así de su petición de plaza en Anticorrupción. “Stampa era el teniente fiscal que investigó la actuación del fiscal del denominado caso Villarejo, uno de los más oscuros episodios de la democracia española que implica a comisarios, jueces y fiscales en una trama criminal, cohecho y blanqueo de capitales, con ramificaciones hasta el poder político y relaciones de amistad precisamente con la ex Fiscal General del Estado y su entorno personal”.

“Le ruego, comisario, que tenga en cuenta todos estos elementos de cara al informe anual sobre España respecto al Estado de derecho”, concluye Pagaza.