- “Imaginen este tipo de discriminación por ser musulmán, o por ser cristiano, o por motivos de sexo o de orientación sexual”
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha enviado a la Comisión Europea información sobre “elementos preocupantes” en materia de derechos fundamentales en la aplicación de los programas educativos de los centros en Cataluña, que afectan no sólo a los estudiantes, sino también a los trabajadores de las escuelas.
“Pese a las sentencias del Supremo que apelan a proteger el bilingüismo en Cataluña y la no discriminación de los castellanoparlantes, el Gobierno de la Generalitat sigue su estrategia de discriminación hacia el español y las personas que lo hablan. Discriminan directamente a algunos, para que sirva de aviso y genere autocensura en los ciudadanos. Así se atenta directa o indirectamente contra la libertad de conciencia y de lengua”, ha indicado Pagaza en una carta dirigida a los comisarios Didier Reynders, Nicolas Smith y Vera Jourová, responsables de Justicia, Derechos Sociales y Valores, respectivamente.
“Se trata de un problema de fondo derivado de un populismo agresivo ultraidentitario que se ve en la escuela, en los centros sanitarios, la administración, etc.”, plantea.
En concreto, hace referencia a las denuncias presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña relativas a varios programas educativos avalados por la Dirección General de Educación catalana, elaborados “en función del conocimiento oral y escrito y el uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas”.
“El español es discriminado en varios de ellos, pero incluso se prevé fiscalizar hasta en qué idioma se expresan trabajadores del centro como el conserje o la cocinera para que los alumnos no se contaminen”, relata la eurodiputada.
En concreto, en la Escuela Arquitecto Gaudí, en la localidad de San Feliú de Llobregat, se controla el uso de la lengua por parte del conserje, la cocinera y su ayudante, la secretaria o los monitores de comedor, para forzar el habla en catalán frente al español. En dicho documento, el centro anota escrupulosamente dónde se habla catalán: parte de las clases en catalán, este idioma se “usa” en las reuniones de grupo, las comunicaciones escritas a las familias y los informes internos.
En el colegio Joan Juncadella de San Vicente dels Horts, en Barcelona, el programa contempla evitar que la profesora de castellano entre en las aulas a no ser que vaya única y exclusivamente a dar clase. “Todo para limitar el contacto de los menores con las personas identificables en el sistema del centro como castellanohablantes, tratándose de algo que va mucho más allá de la violación de las sentencias que indican que los niños deben recibir al menos el 25% de su enseñanza curricular en español. Va más allá porque de lo que se trata es de una estigmatización de la persona y de una clara manifestación de fobia u obsesión ideológica. Imaginen este tipo de discriminación por ser musulmán, o por ser cristiano, o por motivos de sexo o de orientación sexual”, plantea Pagaza a la Comisión.
Estos y otros casos, como el de la enfermera expedientada por quejarse del nivel C1 de catatán para las oposiciones de enfermería, son sistemáticamente comunicados a la Comisión por parte de Ciudadanos, ante la inacción del Gobierno central, responsable de hacer cumplir el derecho comunitario.
“Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, fiscalizar a cocineros y trabajadores de mantenimiento, apartar a los profesores porque dan clase de español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien ni lo legalmente establecido en la lengua materna de la mitad de la población, incluso a niños de colectivos de espectro autista o con sordera, supone una crueldad y una flagrante vulneración de los valores del art. 2 que el Gobierno de España no impide, por lo que pedimos que adviertan a España para que haga cumplir las leyes, las sentencias y la Carta de Derechos Fundamentales”, plantea la eurodiputada naranja.