El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha asegurado este viernes en un desayuno corporativo con los directivos de sostenibilidad y asuntos regulatorios de las principales empresas de España que la nueva directiva europea sobre Diligencia Debida será capaz de balancear la defensa de los derechos sociales con la competitividad de las empresas europeas. “La mejor directiva es la que se puede aplicar”, aseguró Vázquez en referencia a quienes anclados en maximalismos bloquean el avance de esta regulación. Además, el eurodiputado se ha comprometido a seguir trabajando en las negociaciones finales con el Consejo para que la futura regulación se apruebe antes de final de año. “Trabajamos para que la directiva se apruebe dentro de la Presidencia española y lancemos un mensaje como país: apostamos por empresas responsables y sostenibles, como ya son la inmensa mayoría de las empresas españolas y europeas”, ha dicho. “El gobierno de España debería ir más a Bruselas a cerrar asuntos importantes para España y menos a cerrar pactos que solo les sirven a ellos mismos. No podemos permitirnos una Presidencia perdida”, apuntilló Vázquez, en una crítica velada al encuentro entre la vicepresidenta Yolanda Diaz y el prófugo Carles Puigdemont de esta misma semana. El objetivo final de esta directiva es fomentar un comportamiento empresarial que proteja los derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de valor mundial de las empresas, es decir, incluidos proveedores o socios comerciales. Se trata de evitar, por ejemplo, el trabajo infantil o forzoso, la vulneración de cualquier derecho fundamental, los vertidos contaminantes o la destrucción de ecosistemas, con medidas vinculantes que deberán cumplir las empresas de más de 250 trabajadores. Adrián Vázquez preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y ha liderado la posición liberal sobre este dosier en el Parlamento Europeo. La Eurocámara está negociando ahora con el Consejo un acuerdo final (en lo que se denominan trílogos) y el texto que resulte deberá trasponerse en cada país en dos años, aunque este plazo puede variar. “A partir de ahí, vamos a pelear para que se permita una aplicación en cascada como proponemos desde el Parlamento: tres años para las empresas con más de mil trabajadores, cuatro años para las que tengan más de 500 y 5 años para las empresas con más de 250 empleados”, ha explicado. Es decir, que será a partir de enero de 2026 cuando los departamentos de ‘compliance’ de las empresas tendrá que estar ya preparados para incorporación de este texto legal al modo de funcionar de sus compañías. Finalmente, el portavoz ha defendido que la propuesta del PE lleva el sello en buena parte de CS porque el grupo liberal ha ejercido de balanza entre la izquierda y la derecha, a favor de una directiva que apueste por la sostenibilidad, pero sin poner en riesgo la competitividad de las empresas. “Ahora nos gustaría que llevara también el sello de España y se apruebe en este semestre”, ha sentenciado. El encuentro de este viernes ha reunido a un centenar de directivos de las principales empresas de la industria, el sector textil, la distribución, la consultoría o el sector financiero, entre otros, que han podido plantear sus dudas e inquietudes con el eurodiputado ante la negociación en marcha. |
