• Pagaza (CS) presenta un ambicioso informe que apuesta por una protección universal de las víctimas, también por razones ideológicas

Bruselas, lunes 13 de noviembre de 2023. La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, aprobó hoy el informe de Maite Pagazaurtudua para la revisión de la lista de eurodelitos con el fin de añadir antes del fin de esta misma legislatura, en junio próximo, el delito de odio y así armonizar y mejorar la lucha contra esta creciente amenaza en las sociedades europeas del siglo XXI.  

En la actualidad, solo existen normas mínimas a escala de la UE cuando estos delitos de motivación social se cometen contra personas por: raza, color de la piel, religión, ascendencia u origen nacional o étnico, dejando sin cobertura múltiples motivaciones. Sin embargo, la hostilidad o prejuicio que crean nuevas motivaciones para delitos de odio, son crecientes en una sociedad muy polarizada y tienen alcance transfronterizo en su difusión, en esta sociedad digital. 

El informe -aprobado con 36 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención- apuesta por una protección universal, con especial atención a las personas objeto de los delitos y a los grupos y/o comunidades -en su caso- vulnerables a nivel europeo, para estar preparados acerca de dinámicas sociales nuevas y cambiantes.

Señala específicamente que la lucha contra el antisemitismo, la islamofobia, la misoginia, la homofobia, la transfobia, así como otras formas de prejuicios, intolerancia, discriminación, incluidas las basadas en opiniones políticas o de otro tipo, motivadas política o ideológicamente, requieren que la UE y sus Estados miembros desarrollen una respuesta proporcional y adecuada.

La propuesta de la Comisión Europea está bloqueada desde hace dos años en el Consejo, tiempo en que las dinámicas de hostilidad y odio se han multiplicado, por lo que la propuesta de Pagaza ha debido proponer una panorámica más general.  El informe de la Eurocámara aboga por que se modifique el artículo 83 del TFUE para que se requiera una mayoría cualificada reforzada y no ya la unanimidad. Con ello se esquivaría el bloqueo de países como Hungría, Polonia y República Checa, que hasta ahora han impedido avanzar en este dosier.

“Nueve de cada diez agresiones por odio en Europa no se denuncian, por lo que tampoco se enjuician y quedan en la impunidad, por tanto, son invisibles. Los derechos de las víctimas no se protegen suficientemente”, destacó Pagaza. “Buscamos que los Estados miembros analicen objetivamente tales hechos, son violaciones de los derechos fundamentales”, añadió.

En especial, porque estos delitos se ven exacerbados en muchos Estados miembros por movimientos extremistas y populistas, de izquierda y de derecha, así como por nuevas formas de dogmatismo, gracias al efecto multiplicador de internet. “No hay más que ver los informes de Europol”, afirmó.

“No toda incitación al odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio, violencia e intolerancia en la sociedad”, por lo que es necesario abordarlo y debe combatirse, cuando proceda, por diferentes medios, incluidos el Derecho penal, sin prescindir cuando sea preciso, de los procedimientos civiles y administrativos, así como otras políticas o medidas sociales. “Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de respetar el pluralismo y luchar contra los estereotipos negativos y la estigmatización es crucial”, indicó Pagazaurtundua.

El informe tiene en cuenta especialmente a los menores, para evitar que se produzcan incidentes de este tipo tanto en el entorno online como en la vida real,  en las escuelas, para  minimizar su impacto en el desarrollo y la salud mental de los menores.

En todo caso, el documento de la comisión LIBE, que será votado en pleno en diciembre, aboga por abordar las causas profundas del odio y, en particular, los estereotipos.  En este sentido, advierte de que la libertad de expresión no puede utilizarse como escudo para la incitación al odio, debe ejercerse dentro de la ley y en consonancia con el artículo 11 de la Carta de DDFF.

Aboga además por actualizar el marco jurídico vigente de protección de la UE para que las víctimas pueden tener garantizada la protección, el acceso seguro a una justicia independiente, servicios de apoyo especializados y reparación a las víctimas.

Reclama finalmente sistemas adecuados de recogida de datos para que sean sólidos, comparables, desglosados, homogéneos y anónimos y mejorar así la disponibilidad periódica y la comparabilidad de la calidad de la información recopilada en los Estados miembro.