• El eurodiputado ve riesgo de vulneración de la legislación europea por este caso sobre secuestro terrorista

 

Bruselas, 16 de enero de 2023. El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha preguntado a la Comisión Europea si considera que vulneran la legislación europea los intentos del juez Pedraz de que España ceda la jurisdicción a Guinea Ecuatorial para investigar delitos que salpican a un hijo del dictador Teodoro Obiang, entre otros, en la causa por secuestro, torturas y desaparición con finalidad terrorista de cuatro opositores al régimen. El eurodiputado ha pedido acciones para garantizar que España cumple la normativa comunitaria.

El eurodiputado liberal ha denunciado que se pueda producir esta cesión acordada por el juez sobre una causa que investiga la Audiencia Nacional desde 2020 por secuestro terrorista de dos personas con nacionalidad española y otras dos, residentes en España.

Uno de estos cuatro opositores al régimen, Julio Obama Mefuman, falleció hace un año en circunstancias no aclaradas y el Parlamento Europeo, a instancias de Jordi Cañas y con el apoyo del 95% de los eurodiputados, aprobó una resolución de condena al régimen ecuatoguineano por persecución política sistemática.

El eurodiputado ha denunciado que se pueda ceder la investigación a un país “conocido por la inexistencia de independencia judicial e imparcialidad, y por impedir la asistencia consular española” a las víctimas de este caso. A todo ello se suma el hecho de que uno de los investigados es el hijo del presidente del Gobierno.

“La Directiva (UE) 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, impone en su artículo 19 la obligación de que los Estados miembros ejerzan su jurisdicción en casos de terrorismo cuando los delitos afecten a ciudadanos europeos”, recuerda Jordi Cañas en una pregunta escrita a la Comisión Europea.

Por ello, el eurodiputado pide al Ejecutivo comunitario que explique si una cesión de jurisdicción en este caso viola dicha directiva y plantea que se tomen acciones desde la Comisión para garantizar que el Reino de España cumpla con dicha directiva “y, de esa manera, proteja los derechos de los ciudadanos europeos”.