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Bruselas, sábado 10 de febrero de 2024. La eurodiputada de CS y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Eva Poptcheva, ha mostrado su satisfacción por haber logrado introducir en el paquete de nuevas reglas fiscales de la UE la obligación de que las autoridades fiscales independientes, como la AIReF, deban presentar su opinión sobre el plan fiscal de cada país, lo que mejorará la rendición de cuentas de losGobiernos y permitirá una mayor armonización a escala europea.
Las autoridades fiscales independientes, como la AIReF en España, son esenciales para garantizar la rendición de cuentas del Gobierno, por ejemplo, en la adopción de los presupuestos. Los informes independientes de la AIReF, basados en datos objetivos, sirven de referencia para evaluar la sostenibilidad de las políticas de gasto del Gobierno.
Tanto la propuesta de la Comisión como la posición del Consejo bajo la presidencia española no preveían que las autoridades fiscales emitieran una opinión, salvo a petición del Gobierno. “Y es que, ¿qué Gobierno quiere someter, por iniciativa propia, sus políticas a una evaluación externa e independiente?” puntualizó Poptcheva.
La eurodiputada logró revertir la falta de ambición de la Comisión introduciendo enmiendas para que, de forma obligatoria, las autoridades fiscales independientes de cada país emitan una opinión sobre el plan fiscal del Gobierno. También deberán hacerlo cada vez que el Gobierno pretenda modificar dicho plan.
Poptcheva ha valorado el acuerdo cerrado la pasada madrugada entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre reglas fiscales, por el cual los países tendrán más flexibilidad en su aplicación al incluir planes personalizados plurianuales para lograr el saneamiento de las cuentas públicas, un nivel de deuda sostenible y el déficit por debajo del 3%.
Ha hecho hincapié en que este acuerdo ofrece más flexibilidad lo que supone también más responsabilidad, y que España debe aprovechar esta coyuntura para repensar su estructura de gasto, “el nuevo marco nos lo permite”. La eurodiputada ha criticado que, con un nivel de deuda del 110% sobre el PIB y un déficit del 3,9%, no se dedique el esfuerzo a inversiones productivas, sino a gasto estructural como son las pensiones, reduciendoel margen de inversión en áreas como infraestructura renovable y digital.
Estas nuevas reglas dan mayor flexibilidad a los Estados miembros al permitir la creación de planes personalizados para cumplir los objetivos de deuda y déficit . Al contrario que la anterior normativa que no tenía en cuenta el punto de partida de cada país para la reducción del déficit, las nuevas reglas incluyen una trayectoria anual que permita un margen de maniobra a los países para acometer las reformas e inversiones que necesitan para prepararse para el futuro.
Estos planes son plurianuales, de 4 o 7 años, como también lo son los objetivos de reducción de deuda y déficit. De esta manera se favorecen las políticas anticíclicas, es decir, ahorrar en los tiempos buenos, para poder gastar en los malos. Ello mejora las antiguas reglas, que eran demasiado estrictas y raramente se cumplían.
Asimismo, las nuevas reglas “ponen el foco no solo en el ahorro, sino también en la inversión”, con el fin de financiar la transición verde y digital, para reducir nuestras dependencias energéticas con el exterior o para asegurar nuestra autonomía estratégica.
“La Unión Europea es como una familia donde todos tenemos que arrimar el hombro. Nuestra economía depende de la de Grecia, la de Alemania o la de Bélgica y, para que esto funcione, necesitamos un compromiso por parte de todos. España debe ser responsable y utilizar el presupuesto para invertir en la transición verde y digital, en vez de seguir gastando en políticas electoralistas y cortoplacistas que no aseguran la sostenibilidad de nuestras arcas públicas ni propician un futuro mejor para los españoles”, ha concluido.
El Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento, comúnmente conocido como las reglas fiscales de la UE, son las reglas que los Estados miembros deben cumplir a la hora de fijar sus políticas de gasto, de elaborar sus presupuestos anuales y para asegurar unas cuentas públicas saneadas. Las reglas establecen que los países deberán tener un déficit presupuestario inferior al 3% y una deuda inferior al 60% del PIB. Estas reglas quedaron suspendidas en 2020 por la crisis económica derivada de la pandemia y la Comisión Europea se fijó 2024 para reactivarlas con un nuevo modelo, menos complejo y más eficaz que el anterior, para el que hoy se ha alcanzado un acuerdo