- En una carta a Mogherini, diputados del Parlamento Europeo han declarado que «respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales es el camino para alcanzar la paz, la estabilidad y la prosperidad en cualquier nación».
- Nabeel Rajab es cofundador y presidente del Centro para los Derechos Humanos de Bahrein (BCHR), Director Fundador del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), Secretario General Adjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y miembro del Comité Asesor de Derechos Humanos de Oriente Medio. Detenido arbitrariamente desde el 13 de junio de 2016, ya ha pasado más de 11 meses en prisión preventiva, debido a repetidos aplazamientos de su juicio en contra de las normas internacionales.
Estrasburgo, 13 de junio de 2017.- Con motivo del primer aniversario de su encarcelamiento, los eurodiputados de Ciudadanos Javier Nart y Carolina Punset han suscrito una carta dirigida a Federica Mogherini para que la responsable de exteriores de la Unión Europea reclame la liberación del activista Nabeel Rajam, en nombre de los Estados miembros.
En la misiva, los casi cuarenta miembros de la Eurocámara firmantes describen los procesos judiciales a los que se enfrenta Nabeel Rajab, uno de ellos «relacionado con tuits y retuits publicados en 2015 sobre los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudita en Yemen y las denuncias de tortura en la prisión de Jau». El segundo se centra en «unas entrevistas televisadas que dio en 2015 y 2016 sobre la prohibición de Bahrein de la prensa extranjera».
Según han afirmado los europarlamentarios, «Nabeel Rajab es solo un caso entre muchos otros en Bahrein y en la región más amplia del Golfo. Los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Omán mantienen restricciones excesivas en cuanto al ejercicio de los derechos a la libre expresión y asociación. Le instamos a pedir la liberación de activistas de derechos humanos encarcelados por cada uno de los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo».
Rajab podría sufrir una condena de hasta 18 años de prisión por acusaciones que incluyen «ofender a un cuerpo estatutario, difundir falsos rumores en tiempo de guerra y publicar y difundir noticias falsas que socavan el prestigio del estado».
Los eurodiputados también han lamentado el delicado estado de salud del activista, como consecuencia del confinamiento en solitario de muchos meses sin la debida atención médica, y debido a los repetidos aplazamientos de su juicio contrarios a las normas internacionales.