La eurodiputada Maite Pagaza desmonta el argumento del Gobierno de que el derecho europeo exige esta reforma: en todos los países europeos se protege el mismo bien jurídico penalmente y España no debería debilitar esa protección.

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagaza, pidió hoy a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la desprotección del Estado de Derecho que supone la reforma del delito de sedición en España, sabiendo que el derecho europeo no exige ninguna reforma de este tipo, tal y como pretexta el gobierno de Pedro Sánchez.

En una pregunta parlamentaria, Pagaza recuerda que el Estado de Derecho democrático en España sufrió un severo ataque híbrido en 2017 -incluyendo injerencia rusa- de la mano de políticos independentistas catalanes, que tras ser condenados fueron indultados del delito de sedición, sin ningún arrepentimiento al respecto. “Otros esperan juicio o están fugados de la justicia”, señala.

En esas circunstancias reales, sin embargo, el partido del Gobierno de España impulsa una reforma legal que “debilita la protección del propio Estado de Derecho”, y ello sin previa consulta al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo fiscal.

Por esta razón, Pagaza cuestiona al Ejecutivo comunitario sobre “qué salvaguardas del Estado de Derecho y el orden constitucional considera necesarias para evitar una desprotección del Estado ante la acumulación de indicios de riesgo tan evidentes”.

Hay que tener en cuenta, explica Pagaza, que el riesgo sistémico es el de degradación del Estado de Derecho, si sumamos el conjunto de hechos que se están sucediendo en España que incluyen el intento de control partidista de los órganos de gobierno de los jueces, pactos entre administraciones para desacatar las leyes, ataques a la separación de poderes, etc.

La diputada naranja recuerda además que la Asociación Española de Fiscales ha emitido un comunicado en el que señala que “no es cierto” que el Derecho de la Unión Europea exija a España reformar el delito de sedición, así como que las conductas contra el Estado que tipifica este delito sean inferiores en otros países de la Unión Europea.

“Cada uno de los Estados miembros tiene su propia historia y tradición jurídica y el análisis de derecho comparado sobre el delito de sedición muestra infracciones equivalentes en países como Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o Italia,”, explica Pagaza. “Debemos centrarnos en el bien jurídico protegido, que no es otro que el Estado de Derecho. Lo importante es que en todos los países europeos se protege el mismo bien jurídico penalmente y España no debería debilitar esa protección”, añade.

Impedir el cumplimiento de la ley mediante alzamiento público (violento o no) o el intentar romper el territorio se considera en Europa delito de alta traición (Alemania, de 10 años a cadena perpetua) o atentado contra la unidad del Estado (Italia, 12 años), delito de sedición o movimiento insurreccional (Francia, 15 años de cárcel).