- Maite Pagaza (CS) reúne en el Parlamento Europeo a la Asociación Profesional de la Magistratura y a la Asociación de Fiscales para denunciar las amenazas al Estado de derecho en España y la UE
- Del Barco avisa: “¿Por qué no crear comisiones parlamentarias para investigar los delitos de terrorismo que vivimos en el País Vasco o para aquellos jueces que hayan condenado a políticos por corrupción?”
Bruselas, martes 5 de diciembre de 2023. La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales han denunciado este martes en el Parlamento Europeo el acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la acusación de ‘lawfare’ y el ataque a la separación de poderes, y han apelado a la protección desde la UE del Estado de derecho.
“Solo desde Europa se van a poder poner los topes a esta desestabilización del Estado de derecho, como ha pasado ya en Hungría y Polonia. Como jueces españoles, somos jueces europeos, y tenemos consciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, deben respetar los tratados de la Unión Europea”, ha reclamado María Jesús del Barco, presidenta de la APM.
La magistrada ha participado junto a su colega Javier Martínez Marfil y la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus Ferrer, en el debate ‘Amenazas al Estado de derecho en la UE. El caso de España. Los ataques al poder judicial’, que ha impulsado la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza en el Parlamento Europeo en Bruselas.
La eurodiputada liberal ha censurado “el intento de convertir a los jueces en adversarios por una mala comprensión de lo que es la soberanía popular”. “En cualquier deriva populista el primer rasgo es convertir al poder judicial en un chivo expiatorio. Ahora en 2023 nos vemos obligados a hablar de cómo el Gobierno ejerce una persecución al poder judicial. No hay votos por encima de las leyes”, ha advertido.
Los representantes de jueces y fiscales han apelando al Tratado de la Unión para defender el Estado de derecho. “Venimos a mostrar nuestra enorme preocupación por la situación que se vive en España. Existe un enorme deterioro institucional y se está deteriorando el propio Estado de derecho. Durante mucho tiempo los jueces españoles hemos sufrido ataques por parte de los representantes políticos. Se nos ha llamado de todo, jueces machistas, jueces golpistas, que el peligro para la democracia somos los jueces, a veces por parte de políticos del partido de Gobierno. Ahora, esto se traslada a la legislación”, ha advertido Del Barco.
La presidenta de la APM ha cargado especialmente contra la creación de comisiones parlamentarias de investigación para revisar las sentencias de los tribunales en los juicios del procés, pues quiebra el principio de separación de poderes. “Supone poner sobre la cabeza del juez la espada de Damocles y que esté pendiente de qué va a pasar con sus decisiones. Eso afecta la independencia del juez”, ha dicho.
Asimismo, ha advertido de que hablar de ‘lawfare’ podría ser el principio de una intromisión política constante en la labor de los jueces en otras áreas: “¿Por qué no crear comisiones parlamentarias para investigar los delitos de terrorismo que vivimos en el País Vasco o aquellos jueces que hayan condenado a políticos por corrupción?”. Y ha recordado la unanimidad de las asociaciones judiciales contra el ‘lawfare’, “porque no podemos asumir un pacto de gobierno que diga que los jueces españoles prevaricamos”.
“Asistimos hace años a una absoluta colonización del poder legislativo por el ejecutivo. Sólo estábamos a salvo los jueces. No podemos permitir que también el poder político quiera influir en el judicial, porque no tendremos mecanismos para proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos”, ha señalado.
Javier Martínez ha denunciado por su parte la pretensión de inmunidad que se persigue con la amnistía, que no está contemplada en la Constitución Española como sí lo está en otras constituciones europeas. Sin embargo, ha explicado que esta proposición de ley tampoco cumpliría las condiciones previstas en otros países, “por la ausencia de un motivo legítimo y porque contiene un principio de desigualdad”.
“La necesidad de amnistía ha sido una imposición de quienes se situaron al margen de la ley con sus actos. La legitimidad jurídica y política de una ley de amnistía requiere dos condiciones: un juicio crítico del ordenamiento jurídico que se quiere rebasar y una premisa de futuro, que quienes protagonizaron esos actos de subversión reconozcan lo ilegítimo de sus acciones, lo que no se ha producido en absoluto”, ha explicado.
Ha recordado que también quedarían borrados por la amnistía las investigaciones judiciales por malversación de fondos públicos, o los contactos que también constan con potencias extranjeras interesadas en la inestabilidad política de la UE. “¿Cuál hubiera sido la reacción de haber sido este el comportamiento del presidente de un ‘land’ para lograr la independencia de Alemania?”, se ha preguntado.
Por último, ha criticado que la amnistía “supone la infracción del principio de seguridad jurídica: genera expectativas para quien tiene influencia política para alcanzar una inmunidad, no los ciudadanos”. “Invocamos el artículo 2 del Tratado de la UE que tiene como pilar fundamental el Estado de derecho”, ha concluido.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha denunciado como antecedente de la situación actual que ya en 2020 se borró la separación de poderes con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General. “Situó a España por debajo de los estándares de calidad de la justicia”, ha dicho, para censurar también el comportamiento del sucesor de Delgado en el cargo. “Hemos denunciado ante la UE que se pretende alinear a la Fiscalía con el Gobierno, cuando está inserta en el Poder Judicial”, ha dicho de entrada.
Tras este contexto, ha denunciado el acuerdo entre el PSOE y Junts y la ley de amnistía, las comisiones de investigación parlamentaria por ‘lawfare’, los “señalamientos” de jueces y fiscales que se están produciendo. “Si todos somos iguales ante la ley, si en democracia nadie puede estar por encima de ella, no puede afirmarse que ha habido una judicialización de la política”, ha denunciado.
Ha recalcado que la proposición de ley de amnistía contraviene el derecho de la Unión, pues ampara delitos de corrupción y de terrorismo, y ha censurado que en su redacción se establecieron “no pocas falsedades en relación con el derecho de la UE”, porque se citan los tratados europeos “en un sentido distinto al que se concibieron para justificar la amnistía: hacen una interpretación restrictiva de esta y refrenden la aplicación de la ley por jueces y fiscales”.
“La ley de amnistía parte de un fin espurio de perdón por impunidad entre políticos que se necesitan, sin importar los delitos cometidos, aunque se trate de delitos de corrupción y o de terrorismo. La convivencia en democracia se basa en el cumplimiento de unas reglas sociales y en el cumplimiento de la ley a todos por igual. Lo que no ocurrió y se quebrantó por los políticos a quienes ahora se pretende amnistiar a cambio de unos votos”, ha concluido.