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El informe, que se votará mañana en el Pleno de Estrasburgo, reclama contemplar, entre otros, los delitos por razones de género, orientación sexual, edad, ideología o discapacidad
Estrasburgo, 17 de enero de 2023. La eurodiputada de CS y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, indicó hoy al Consejo de ministros de la UE, como ponente del informe sobre los delitos de odio del Parlamento, que es urgente y necesaria la inclusión de otras categorías delictivas en la lista de eurodelitos como son los delitos originados por razones de género, orientación sexual, edad, ideología o discapacidad.
Pagaza es ponente del Informe provisional de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión de la Comisión para la inclusión de la incitación al odio y los delitos de odio en la lista de eurodelitos. Este miércoles defendió el informe ante el Pleno de Estrasburgo, que votará este jueves, y recalcó que aunque todo no es punible, aquellos incidentes que por su especial gravedad y dimensión transfronteriza requieren una respuesta penal europea, deben ser cubiertos con una iniciativa legislativa europea.
La normativa europea sobre estos delitos cubre hoy la incitación al odio y los delitos de odio por motivación de raza, color de la piel, religión y origen nacional o étnico. No obstante, los delitos graves sobre género, orientación sexual, edad, ideología y discapacidad, entre otros, no se contemplan.
“La jurisprudencia de la Unión avanza menos rápido que las nuevas dinámicas de odio en tiempos digitales. El marco actual de la Unión solo cubre, mínimamente, la incitación al odio y los delitos de odio de motivación social, y se limita a muy pocas motivaciones. En los últimos años se han producido importantes transformaciones. Las redes sociales han servido para normalizar discursos de hostilidad extremos -de odio también en ciertas franjas de usuarios- y eso tiene repercusiones en la vida real en delitos, algunos graves.”, planteó.
En este momento, no toca definir jurídicamente la incitación al odio con relevancia penal, ni las penas vinculadas a esos delitos, ni tampoco la consideración de especial vulnerabilidad, pero el informe hace un firme llamamiento político al Consejo, dirigido por Bélgica en este semestre, para que se mueva y amplíe esa lista.
Para ello, el informe apunta la necesidad de evitar la impunidad y da dos ideas concretas: la protección frente a la incitación al odio y los delitos de odio debe ser universal, y la protección contra la intolerancia no debe limitarse únicamente a determinadas causas o motivaciones.
Según explicó Pagaza, “no todo el discurso de odio es ilícito, pero todo él deja una huella” que la sociedad debe abordar fuera del ámbito penal y, en todo caso, la libertad de expresión debe ser protegida de manera exquisita y limitarla únicamente cuando esté plenamente justificado hacerlo.
“La incitación al odio y los delitos de odio, alimentados por los nuevos fenómenos de comunidades de fanáticos en redes y la naturalización de la hostilidad, ha crecido; lo ha hecho por factores que fomentan la irresponsabilidad -desde el anonimato a la manipulación del sesgo, entre otras causas- y generan un efecto multiplicador venenoso”, manifestó.
La futura legislación penal en esta materia debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y garantizar que la libertad de expresión no se ve restringida de forma injustificada.