- La eurodiputada Maite Pagaza presenta un Código europeo de buenas prácticas que también reivindica que los cuerpos de seguridad no estén “en inferioridad de condiciones frente a mafias y organizaciones criminales”
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Bruselas, 21 de febrero de 2024. Expertos, cuerpos policiales de toda España junto al Consejo Europeo de Sindicatos de Policía han reclamado este miércoles en el Parlamento Europeo medidas para mejorar el desempeño de su trabajo que sirvan para reforzar su labor en la protección de la libertad, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.
Miembros de la AUGC, el SUP, el CEP, del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, el comisario jefe de la Policía Local de Gijón, un miembro de Europol, expertos en derecho y deontología, han participado en la presentación del ‘Código europeo de buenas prácticas y transparencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad’. Una propuesta de la vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, Maite Pagazaurtundua, que enumera y formula un elenco de buenas prácticas en la organización interna de las policías y en su relación con la sociedad a la que sirven.
El evento ha comenzado con un minuto de silencio en pie en recuerdo de los agentes de la Guardia Civil asesinados en acto de servicio en Barbate por una narcolancha, agentes para los que todos los intervinientes han tenido palabras de reconocimiento.
Maite Pagaza ha defendido al arranque de la jornada que libertad y seguridad van unidas y que sobre esta afirmación se apoya este Código. La propuesta recoge un modelo de policía innovadora y avanzada y quiere ser una referencia en la definición de los principios rectores de la actividad policial, una serie de buenas prácticas que son asumibles por todas las policías de la UE.
“Las naciones más seguras del mundo son las más democráticas, las naciones en las que la policía es más eficaz suelen ser las más democráticas. Tenemos que vigilar la calidad del Estado de Derecho democrático”, ha reivindicado la eurodiputada, que ha advertido a este respecto contra la corrupción: “Los países menos corruptos son los más democráticos y seguros”.
La existencia de un Código como el que propone Pagaza supondría que las policías de la Unión Europea contarían con un marco legal que identifique y reconozca derechos y obligaciones, principios básicos de actuación profesional, de régimen disciplinario aplicable en cada Estado miembro, de formación y de condiciones de trabajo adecuadas para los agentes. El objetivo de fondo es reforzar una cultura de respeto a los derechos fundamentales, incluidos también los de los policías.
UNA VINCULACIÓN FUERTE CON LA SOCIEDAD
El primer panel ha abordado el refuerzo del vínculo de los cuerpos policiales y de seguridad con la ciudadanía, con Alejandro Martínez Gallo, comisario jefe de la Policía Local de Gijón, doctor en filosofía y escritor, y Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Martínez Gallo ha defendido especialmente el binomio seguridad y libertad. “Asistimos a un problema de populismo y volvemos a una situación de hace años: se equipara seguridad pública con orden público y eso no es cierto. Una sociedad que carece de libertad no tiene seguridad y todo manual tienen que partir de esa base: libertad y seguridad van unidas, por mucho que digan los populismos extremistas”, ha dicho.
También ha explicado que las ciudades más seguras del mundo tienen una buena comunicación entre los ciudadanos y sus cuerpos policiales y que, en su opinión, sería bueno crear mecanismos para que los ciudadanos también vigilen el trabajo de su policía, “que sean ellos los que nos controlen”.
Esteban Ibarra ha repasado por su parte la evolución de los cuerpos policiales en España del franquismo a la democracia y su constitucionalización con la Ley de FCSE de 1986. “Viví primero su compromiso con la protección de la democracia, hoy vivo su compromiso con la protección profunda de la ciudadanía y ante los delitos de odio y las nuevas formas de delincuencia”, ha defendido.
De esta última etapa ha resaltado las buenas prácticas de la policía con las víctimas, “una policía que ha ido interiorizando la diversidad de la sociedad y los ciudadanos perciben a la policía como bastión de la democracia constitucional, como una parte de sí misma necesaria para la convivencia”. Dicho esto, ha advertido también de que la polarización alimenta la estigmatización de la policía y ha llamado a luchar contra esto: “Convierten a la policía democrática en víctima de delitos de odio, recuerdo el caso de Alsasua”.
UNA POLICÍA PARA EL SIGLO XXI
Los otros dos paneles de la jornada han tenido como protagonistas a varios representantes de organizaciones policiales. Jesús Lira, secretario general del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía (CESP), que ha reivindicado que la suya es una profesión de riesgo, ha recordado que la policía tiene mandos técnicos, pero también políticos, que dirigen desde los ministerios. “El código de buenas prácticas tiene que llegar no sólo a los técnicos, sino también a los mandos políticos, debe alcanzar a todos”, ha propuesto.
Ha lanzado una batería de medidas que los cuerpos policiales necesitan, como una renovación del modelo policial –“es del año 86 y el modelo tiene que ser vivo, adaptarse a la realidad”– y el reforzamiento de la independencia judicial, que es clave para el trabajo de la policía. También, transparencia interna, “que es el antídoto para la corrupción”.
Juan Antonio Fernández Hernández, guardia civil y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha recordado a sus compañeros asesinados en Barbate y ha exigido una reacción del Ejecutivo. “Se debe priorizar las medidas de acción política. Queremos pedir al Gobierno la declaración de la zona como de especial singularidad para combatir delincuencias organizadas, grandes mafias que tienen grandes medios, gran preparación, y necesitan medidas más drásticas para erradicarlas”, ha dicho.
Ha explicado por otro lado la creación de la Plataforma por una jubilación digna y equiparación salarial de policías y guardias civiles y ha defendido sus reivindicaciones. “El modelo policial español lleva dos velocidades: policías autonómicas y locales, de un lado, y Policía Nacional y Guardia Civil, por otro. Hay que terminar con este sistema, imponer cordura y justicia”, ha reivindicado. “Y a mismo trabajo, misma jubilación”, ha añadido.
José Antonio Rodríguez Neira, policía nacional, secretario de Organización y Relaciones institucionales del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha recordado también a los agentes asesinados en Barbate y ha pedido más medios. “Al ver cómo se jaleaba a los narcos desde los muelles se confirma que los recursos son claramente insuficientes. O nos ayudan desde Europa a cerrar la puerta al narcotráfico en el sur de Europa o se extenderá hasta aquí”, ha advertido.
Ligado a esto, ha pedido apoyo a la UE para reforzar el principio de autoridad de los cuerpos policiales y ha defendido las reivindicaciones de la citada Plataforma, como la consideración de la profesión como de riesgo. “La UE se fundamenta en el conjunto de valores como no discriminación, igualdad, respeto a la dignidad humana. Pedimos no discriminación e igualdad, por eso pedimos también el apoyo europeo”, ha añadido.
Como responsable de Relaciones Institucionales del sindicato CEP, David Gutiérrez, policía nacional, que también ha reconocido a los agentes asesinados por el narcotráfico, ha defendido que las policías españolas son “posiblemente la profesión más auditada de España”. “Mecanismos internos, jueces y fiscales, medios de comunicación y redes sociales. Estamos bastante vigilados y creo que es bueno. Policía Nacional y Guardia Civil somos los mejor valorados, un Código europeo puede aunar estos criterios en toda la UE”, ha dicho.
Gutiérrez ha defendido la petición presentada por el sindicato en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar una mayor protección jurídica de los policías. “Es necesario que estemos bien retribuidos y con suficientes medios, pero tenemos que volver a casa vivos y sin daños de consideración. Por eso ruego que se apoye nuestra petición: debemos ser considerados profesiones de riesgo”, ha explicado.