- Soraya Rodríguez, conegociadora de la reforma: “Será la primera vez que incluyamos a nivel europeo en un texto legislativo que los Estados deben impedir la glorificación de actos de terrorismo o delincuencia organizada y los homenajes a los culpables, para evitar la revictimización de las víctimas”
Estrasburgo, jueves 14 de marzo de 2024. Las comisiones de Igualdad y de Libertades Civiles del Parlamento Europeo han aprobado este jueves su posición para la propuesta de reforma de la Directiva de los Derechos de las Víctimas, que ha sido liderada por Soraya Rodríguez por parte de la Comisión de Igualdad y por Javier Zarzalejos, por parte de Libertades. El informe aprobado mejora las herramientas de protección y apoyo a las víctimas, también en el entorno online, el acceso a indemnizaciones y a la asistencia jurídica gratuita, e incluye un nuevo artículo para proteger el derecho a la dignidad de las víctimas.
“Con esta directiva, ponemos a las víctimas en el centro. Será la primera vez que incluyamos a nivel europeo en un texto legislativo que los Estados Miembros deben impedir la glorificación de actos de terrorismo o delincuencia organizada, así como que se rinda homenaje a los que hayan sido declarados culpables en sentencia firme de estos actos, con el fin de evitar la revictimización de las víctimas y sus familias y socavar su recuperación” ha dicho la eurodiputada Soraya Rodríguez.
La posición del Parlamento recoge además otras reformas de calado: mejorar la protección de las víctimas de delitos online, incluyendo la ciberviolencia de género y los abusos sexuales a menores, el acceso a la indemnización y a la justicia gratuita.
“Alrededor de 75 millones de ciudadanos son víctimas de delitos graves en la Unión Europea cada año y la mayoría de los delitos nunca se denuncian. Esta reforma era necesaria y estamos muy satisfechos con los cambios que planteamos porque con ellos hemos conseguido nuestro principal objetivo: mejorar la protección y el apoyo a las víctimas de delitos en toda la Unión Europea y esperamos que también la confianza en los sistemas judiciales”, ha dicho la eurodiputada.
“El artículo 16 de esta Directiva recoge la propuesta de la Comisión, que es claramente ambiciosa, para facilitar que todas las víctimas que tienen derecho a una indemnización puedan recibirla de forma directa por el Estado y sean los Estados Miembros los que tengan que reclamar posteriormente el retorno de este pago a los condenados. Es un paso de gigante en relación a los diferentes sistemas judiciales a los que se enfrentan las víctimas en los 27 Estados Miembros para poder hacer efectivo un derecho que les ha sido reconocido por sentencia judicial”, ha explicado la eurodiputada.
Otro elemento esencial de la propuesta es el acceso a la asistencia jurídica gratuita. El Parlamento ha aprobado la ampliación de los grupos de víctimas que deben tener derecho a esta asistencia sin ningún coste. Además, de las personas sin medios económicos suficientes, las víctimas tendrán acceso a este servicio en cualquier caso cuando sean víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y menores de edad y personas con discapacidad cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
“Se introduce además una disposición para facilitar a las personas de terceros países que se encuentren en la Unión Europea de manera irregular la denuncia de delitos de los que hayan sido objeto, reduciendo de esta forma su vulnerabilidad y la impunidad con la que actúan los delincuentes contra estas personas” ha añadido Soraya Rodríguez.
Mejorar la posición jurídica de los menores y personas con discapacidad ha sido otro objetivo en esta reforma. Finalmente, la necesidad de contar con servicios especializados de atención a las víctimas y la formación especializada de las personas que se encuentran al frente de los mismos, cubre una laguna importante que existía en la actual directiva de 2012.
Desde la Comisión de Igualdad, se ha intentado mejorar la atención especializada que necesitan las víctimas de violencia de género y víctimas de agresiones sexuales. “Estas víctimas necesitan no solo una atención especializada en el primer momento de presentación de la denuncia, sino un acompañamiento a lo largo de todo el proceso judicial. El acceso a los servicios sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto, tiene que estar garantizado en todos los Estados Miembros” ha señalado la eurodiputada.
El trabajo realizado conjuntamente con el eurodiputado Javier Zarzalejos, responsable de este expediente por la Comisión de Libertades, ha conseguido importantes avances en relación a la situación actual y un amplio apoyo por parte de los grupos políticos en la votación conjunta mantenida hoy en ambas Comisiones.