- “Es un estudio muy necesario, teniendo en cuenta las transformaciones sociales”, afirma la eurodiputada, que se movilizó tras el asesinato en Barbate de dos guardias civiles
Bruselas, 16 de abril de 2024. La eurodiputada de CS y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, criticó hoy que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) no haya realizado ningún estudio o análisis sobre la cuestión de la violencia contra los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni se plantee hacerlo, teniendo en cuenta el aumento de las agresiones.
Pagaza ha tildado de “insuficiente” y “decepcionante” la respuesta ofrecida por la EU.OSHA tras la muerte el pasado 9 de febrero de dos guardias civiles, como consecuencia de la embestida mortal de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz). Pagaza intentó recabar información y movilizar a la agencia europea a la luz de los datos denunciados en España por parte de las organizaciones profesionales tales como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que apuntan a que más del 40 % de las bajas laborales son consecuencia de agresiones físicas.
Sin embargo, la agencia la EU-OSHA reconoce que no dispone de datos o información específicos sobre un aumento de los ataques contra esta categoría de trabajadores debido a la ausencia de estudios e investigación específicos sobre la cuestión concreta de los ataques contra agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en España o en otros Estados miembros.
“Pero tampoco parece haberse movilizado para contribuir a mejorar la situación”, lamenta Pagaza. “La EU-OSHA admite que no tiene datos, que no los va a tener y que no formula recomendaciones a los Estados miembros. Es cuanto menos decepcionante”, añadió.
Sin embargo, la Directiva (1) marco de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo es aplicable a todos los sectores de actividad y a todas las profesiones, incluidos los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Aborda todos los riesgos, incluidos los de la violencia de terceros.
“De conformidad con la Directiva marco, el empresario debe evaluar todos los riesgos a los que están o pueden estar expuestos los trabajadores y establecer las medidas de prevención y protección resultantes. Por tanto, es responsabilidad del empresario (en este caso sería el Estado) decidir qué medidas de prevención y protección deben adoptarse en determinadas circunstancias sobre la base de una evaluación de los riesgos. Si el Estado no protege a los trabajadores de las FSE, la UE debería actuar para mantener la vigilancia de la aplicación de la Directiva”, concluyó la diputada.
[1] Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).