• La eurodiputada Maite Pagaza declara que “la inmersión lingüística obligatoria que se da en algunos centros en España (Comunidad Valenciana) supone una dificultad añadida para el aprendizaje de los niños con autismo de lengua materna española”


La vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Jurídicas, Justicia y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, ha llevado hoy al Parlamento Europeo los problemas a los que se enfrentan los menores con problemas de comunicación y aprendizaje ligados al Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los sistemas de inmersión lingüística obligatoria como es el caso de la Comunidad Valenciana. 

En el marco de la primera sesión de trabajo del Intergrupo de Discapacidad celebrado en Estrasburgo, coincidiendo con la sesión plenario, Pagaza ha llamado la atención sobre las denuncias presentadas por padres afectados por un sistema educativo que añade dificultades de aprendizaje al imponer una lengua diferente a niños con vulnerabilidades en esta materia.

“Aunque el Trastorno del Espectro Autista (TEA) no es una discapacidad en sí, hay casos en los que sí están emparejadas ambas condiciones. El autismo puede afectar a la comunicación y al aprendizaje de la lengua. Por ello, la inmersión lingüística obligatoria que se da en algunos centros en España (Comunidad Valenciana) supone una dificultad añadida para el aprendizaje de los niños con autismo de lengua materna española”, ha señalado Pagaza, que se estrena esta Legislatura en este grupo de trabajo de la Eurocámara.

En este sentido, ha recordado que según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas autistas tienen derecho a una educación “adaptada y apropiada” a sus necesidades.

Por esta razón, Pagaza ha pedido al resto de miembros del Intergrupo abordar esta situación, para acabar con aquellos obstáculos que dificultan el desarrollo, el aprendizaje y la integración de estos niños.

El Intergrupo de Discapacidad es un órgano dentro de la Eurocámara para asegurar que en todas las políticas y acciones que se desarrollan en la Unión Europea se tengan en cuenta los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad.