- La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido “asegurar la disponibilidad de protecciones sanitarias contra el COVID 19 a los trabajadores de personas con discapacidad”
La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha declarado que “los profesionales que atienden a las personas con discapacidad en estos momentos de gravedad deben recibir la misma protección que los demás trabajadores de la salud que se ocupan de la COVID19”. “Tenemos que asegurar que los auxiliares de servicios para personas con discapacidad, asistentes personales, intérpretes de lenguaje de signos y demás profesionales del sector trabajan con las máximas garantías”, ha subrayado la eurodiputada.
Según ha explicado, en una situación tan difícil como la actual para toda la población, hay que tener en cuenta que puede ser aún más difícil para las personas que sufren discapacidad por lo que “es importante garantizar que las personas marginadas y aisladas no se queden sin bienes esenciales, apoyo y contacto humano”, y en este sentido es primordial “priorizar la protección de estos trabajadores que trabajan con personas con especial vulnerabilidad”.
Las personas con discapacidad se enfrentan al mismo riesgo que el resto de la población, agravado por su propia situación: la interrupción de los servicios y el apoyo, sus condiciones de salud preexistentes, su exclusión de los canales de información sobre salud y de la prestación de servicios de salud en general, las barreras a los bienes y servicios, etc.
Por este motivo, ha explicado que “son precisas iniciativas proactivas y medidas preventivas más estrictas para los grupos de personas con discapacidades”, que son más susceptibles a la infección debido a complicaciones respiratorias u otras complicaciones de salud. “Estas medidas deberían extenderse a su red de apoyo”, ha aseverado.
Además, “se debe tener en cuenta que las restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales afectan especialmente a este colectivo”, por lo que resultaría importante que “se establezcan horarios específicos de apertura para personas con movilidad reducida y a otras discapacidades para una prestación prioritaria”.
Es preciso también que “la información sobre la salud pública sea plenamente accesible”, de modo que los números de emergencia – tanto el 112 como los números de teléfono específicos establecidos para esta pandemia – tengan alternativas para las personas sordas y con problemas de audición. “Las instrucciones para el personal de atención a la salud deben poner de relieve la necesidad de evitar toda discriminación por motivos de discapacidad, entre otras”, ha concluido Pagaza.