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La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundúa, miembro de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, ha solicitado a la Comisión Europea que determine un estatus especial de protección para las residencias de ancianos y personas con discapacidad, altamente vulnerables ante la acción del COVID19, así como para las funerarias, para que ambas puedan ofrecer el servicio de manera adecuada.
La pandemia del coronavirus está sometiendo a las residencias de ancianos a una presión sin precedentes a la que no pueden hacer frente. Por ejemplo, en España, los medios de comunicación han alertado de la situación de desamparo de estos centros, pero los mismos no se consideran infraestructuras críticas, por lo que no entran en el marco jurídico de protección de la UE.
A través de una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, Pagazaurtundúa ha lamentado que, ante el brote de coronavirus, las residencias de muchos Estados miembros han estado especialmente desprotegidas. “Entre otras cosas, no han existido tests que detectaran al personal infectado y asintomático que les atendía y ha habido carencias de elementos de protección suficientes en muchas de las instituciones que les asisten”, ha criticado Pagazaurtundúa.
La europarlamentaria ha continuado haciendo hincapié en el “aislamiento emocional de las personas residenciadas” y ha añadido que “diversos expertos señalan en los medios de comunicación que las medidas de desconfinamiento les llegarán muy probablemente más tarde que al resto de la población sobre todo para los centros de mayores”.
Por otra parte, la eurodiputada de UPyD por Ciudadanos también ha preguntado a la presidenta de la Comisión por la situación de las funerarias ante la pandemia. De acuerdo a Pagazaurtundúa, “el brote del COVID-19 está impidiendo la necesidad innata del ser humano, enterrar dignamente a los muertos”. “Realizar el acto simbólico de despedida es preciso para el proceso de duelo de los que les lloran”, ha continuado.
En este sentido, ha pedido al ejecutivo comunitario que impulse una regulación urgente de los servicios funerarios para asegurar que todos los ciudadanos de la Unión Europea obtengan un entierro o incineración adecuados.
La eurodiputada ha finalizado apelando a los valores de los Tratados de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales que ponen la dignidad humana en el centro de la política. “Los ancianos o personas con discapacidad residenciados en la Unión Europea en estos tiempos de pandemia requieren una especial protección con un protocolo claro para que jamás se repita la muerte de decenas de miles de personas en circunstancias de absoluta soledad. Las personas fallecidas deben, además, un servicio funerario digno”, ha concluido.