- “Los mensajes que se hacen llegar a los alumnos desde la Conselleria podrían contravenir la Carta Europea de Derechos Fundamentales respecto al derecho de los ciudadanos a la igualdad sin discriminación por razones de lengua”, sostiene Pagazaurtundúa
La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha iniciado una serie de acciones ante diferentes organismos de la Unión Europea para denunciar las coacciones que los alumnos que desean estudiar solo en castellano están sufriendo por parte de la Generalitat Valenciana, a la luz de que podría estar vulnerándose la Carta Europea de Derechos Fundamentales respecto al derecho a la igualdad sin discriminación por razones de lengua.
Pagaza ha remitido tanto a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales como a la Defensora del Pueblo Europeo un documento que muestra los mensajes de coacción que sufren los alumnos que piden la exención del valenciano, subrayando entre otras cosas, que pueden tener menos oportunidades laborales.
“Aquellas familias que quieran pedir para sus hijos la exención del estudio de la lengua valenciana están siendo sometidas a coacciones por parte de la Conselleria de Educació de la Generalitat Valenciana, lo que atenta a la libre decisión de las familias y el alumnado”, ha denunciado la europarlamentaria en su misiva a la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly.
Pagaza considera que este tipo de mensajes sobre supuestos perjuicios para aquellos niños que no cursen sus estudios en valenciano, podría contravenir la Carta Europea de Derechos Fundamentales respecto al derecho de los ciudadanos a la igualdad sin discriminación por razones de lengua.
Por esta razón, la eurodiputada de UPyD por Ciudadanos se ha dirigido también al ejecutivo comunitario en una pregunta escrita, para llamar la atención de las autoridades comunitarias sobre el posible uso irregular de ayudas provenientes del Fondo Social Europeo en los centros en los que estén produciendo estas prácticas. “Las autoridades públicas regionales, locales o de otro tipo que participan en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos tienen la obligación jurídica de respetar lo dispuesto en la Carta cuando actúan en el ámbito de la legislación de la UE”, recuerda Pagaza.
Asimismo, la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, también ha preguntado al Gobierno socialista cómo piensa garantizar que se respeten los derechos, no solo educativos y lingüísticos, sino también los derechos fundamentales de los niños en una pregunta dirigida a la Ministra de Educación.
carta defensora Valencia lengua Pregunta uso FSE contrario a Carta DDFF Comunidad Valenciana
Pregunta uso FSE contrario a Carta DDFF Comunidad Valenciana