• La vice presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Maite Pagaza, alerta de “la red de seguridad de la separación de poderes está en riesgo”

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha anunciado hoy que su partido trabajará en Europa para parar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que planea el Gobierno de España, de PSOE y Unidas Podemos, con el objetivo de facilitar el nombramiento de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces por parte del Ejecutivo y puede afectar, por tanto, a su independencia.

Para ello, la primera medida ha sido la presentación de una pregunta a la Comisión Europea en la que le alerta de la reforma y pide su implicación. “¿Va a pedir información al Gobierno de España sobre estos cambios en la legislación de la judicatura destinados a facilitar los nombramientos por parte del gobierno que pueden afectar por tanto a la independencia del máximo órgano de gobierno judicial? ¿Lo tendrá en cuenta en el próximo informe sobre el Estado de Derecho?”, pregunta Ciudadanos tras la presentación el pasado martes del proyecto del Gobierno, lo que obligará a la Comisión europea a pronunciarse por escrito.

La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, que ha liderado esta pregunta, recalcó que “la red de seguridad de la separación de poderes está en riesgo”. “Da igual un cacicato de izquierdas o de derechas, la separación de poderes y la independencia judicial es la clave para un estado de derecho democrático”, añadió.

“No podemos facilitar ejecutivos ultra reforzados que se conviertan en mentores de la sociedad como en Polonia o en Hungría. Los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos, no deben convertirse en vasallos de los intereses de partidos políticos con tentaciones ideológicas o de poder excesivo”, manifestó Pagazaurtundua.

En este sentido, consideró que pasar a una elección por mayoría simple en el nombramiento de los vocales del turno judicial del CGPJ (12 de los 20 totales) y limitar los poderes del órgano cuando entre en funciones es una “intromisión sin precedentes en nuestra democracia por parte del Gobierno en el poder judicial y supone un nuevo riesgo a la democracia en Europa”.

El artículo 122 de la Constitución es muy claro sobre la necesidad de mayorías cualificadas. “La incapacidad de lograr acuerdos de los partidos de gobierno de turno no pueden hacernos derribar nuestro marco judicial, no se pueden matar moscas a cañonazos”, planteó Pagaza.

El partido que lidera Inés Arrimadas se ha mostrado en contra de esta propuesta que considera intolerable y contra la que anuncia medidas legales si no hay una rectificación. En esta misma línea, la delegación europea de Ciudadanos se ha dirigido a la Comisión y le ha recordado su reciente informe sobre el Estado de Derecho en España.

En ese documento presentado recientemente, la Comisión subrayaba precisamente la preocupación por la situación del CGPJ y la importancia de que la Justicia sea, pero también parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, especialmente de naturaleza política.

Ciudadanos denuncia que la reforma que persiguen PSOE y Unidas Podemos para reformar el Consejo está destinada a sortear a la oposición para poder renovar a los jueces que componen este órgano, ya que plantea rebajar la mayoría reforzada que ahora se exige a la mayoría absoluta.

Las dos asociaciones judiciales mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, se han mostrado muy críticas con esta reforma y han asegurado que afecta directamente a la separación de poderes, hasta el punto de que acerca a España a países como Polonia o Hungría.