• La  eurodiputada Maite Pagaza afirma que “comienza el fin de un régimen absurdo” contra el español por razones ideológicas, no educativas

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha calificado de “gran noticia” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exige el respeto a un mínimo del 25% de enseñanza en español en Cataluña y ha asegurado que “comienza el fin de un régimen absurdo de discriminación” del castellano, que sólo se justifica por la fobia antiespañola del gobierno autonómico.

“El gobierno separatista catalán tiene poder, pero no tiene razón. Porque no hay razones educativas para poner sus intereses ideológicos por encima de los niños reales, y no hay razón para discriminar a los niños castellanoparlantes. No hay razón para no partir de su lengua materna, como indica la UNESCO, de forma flexible para mejorar el aprendizaje multilingüe”, ha manifestado la eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.

Ciudadanos ha venido defendiendo en el legislativo europeo el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, a la no discriminación por razones lingüísticas, y ha denunciado ante las instituciones comunitarias las iniciativas contra el español, como la última reforma educativa, la llamada Ley Celaá, que elimina el castellano como lengua vehicular.

Precisamente hoy, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución pactada por los grandes grupos políticos –solo han quedado fuera ERC e ID—que respalda la protección de la lengua materna y la no discriminación lingüística especialmente en aquellas regiones donde existen más de una lengua oficial, como es el caso de Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco o Galicia.

La resolución aprobada es una iniciativa ciudadana sobre protección de las minorías. Pagaza ha valorado muy positivamente que se señale de forma específica que, en esas regiones con más de una lengua oficial, se deben respetar los derechos lingüísticos sin limitar los de una lengua frente a los de otra, en consonancia con el orden constitucional de cada Estado miembro.

Esto es precisamente lo que expresa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia: “Es obligación de la Generalitat adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.