El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha destacado que el Gobierno de España debe hacer cumplir en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, la nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual que establece que las televisiones y los medios no contengan incitación a la violencia o al odio por razones de lengua.
La Comisión Europea responde así al requerimiento presentado por la vicepresidenta de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, en octubre pasado, después  de que con motivo del Día de la Hispanidad, una colaboradora del TV3, Pilar Carracelas, lanzara en antena «puta España»  y el presentador Jair Domínguez, aseverara que los catalanes morirán de COVID porque «Madrid envía a todos los infectados».
Ante esta pregunta parlamentaria, el Ejecutivo comunitario señala que corresponde a los Estados miembros, España incluida “por supuesto” (a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales), transponer la Directiva a sus ordenamientos jurídicos y “hacerla cumplir en su jurisdicción”.
En concreto, recuerda que el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, en su versión modificada, dispone que los Estados miembros “garantizarán, aplicando las medidas idóneas, que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción no contengan incitación a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 21 de la Carta” de Derechos Fundamentales de la UE.
Dicho artículo es el que prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de lengua, por lo que el insulto, menosprecio o acoso a los castellano-parlantes no sólo está prohibido por el derecho comunitario, sino que son los Estados los que deben velar –de acuerdo a la Directiva de servicios audiovisuales– por garantizar que no se producen estos hechos.
Breton añade en este sentido, que las medidas adoptadas por los Gobiernos para evitar dicha discriminación «deberán ser necesarias y proporcionadas».