• El eurodiputado Jordi Cañas denuncia que dar la competencia de prisiones a Cataluña y próximamente al País Vasco no sólo afecta a la igualdad salarial, sino también a la igualdad en el trato a los presos

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha exigido a Bruselas que intervenga contra la discriminación salarial que sufren en España los funcionarios de prisiones según la CCAA en la que trabajen, puesto que los del resto del país cobran menos que en Cataluña, que tiene la competencia transferida. Esta brecha, ha advertido Cañas, puede reproducirse en breve si el País Vasco recibe igualmente el traspaso de la gestión.

Los funcionarios de prisiones han pedido apoyo este martes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde han expuesto que, por el mismo trabajo, sus compañeros en Cataluña cobran unos 6.700 euros más al año. Tras debatir el asunto, la eurocámara ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno para que equipare salarialmente a los trabajadores que realizan la misma labor dentro del territorio nacional. Ha pedido además a la Comisión Europea que legisle contra esta forma de discriminación salarial porque ahora mismo no está contemplada.

Jordi Cañas ha cargado contra la situación de estos funcionarios, que se ven perjudicados por un favor político a Cataluña y el País Vasco. “Todos sabemos que el traspaso de la competencia tiene como objeto relajar medidas legales y de cumplimiento de condenas para determinados presos. La desigualdad no es sólo en el salario de los trabajadores sino en cómo se trata a las personas que han perdido la libertad, que también reciben trato diferente. Me avergüenza tener que reconocer esto, pero estamos en Europa para corregir desigualdades entre europeos y esta es una de ellas”, ha dicho el eurodiputado de Cs.

El portavoz ha hecho hincapié en que la competencia sobre prisiones es del Estado y que lo que traspasa es la gestión: no es razonable que quien ejerce la competencia, los funcionarios de prisiones en este caso, cobren diferente según la administración encargada de gestionarla. Y más, en un trabajo especialmente duro como el de prisiones.

“Si habláramos de una empresa, esto sería meridianamente claro: inasumible. Un Estado es el conjunto de sus administraciones públicas y parecería escrupulosamente legal que, en el Estado, cualquier trabajo que requiera una categoría profesional reciba el mismo sueldo”, ha defendido. Una discriminación similar ha sido ya corregida también en España y también con respecto a Cataluña y el País Vasco, entre los Mossos, la Ertzaintza y la Policía Nacional.

Jordi Cañas ha subrayado que este caso altera un principio fundamental de la UE, de no discriminación y de igualdad entre ciudadanos, que va más allá de directivas y normas escritas. Ha censurado por ello la respuesta que ha dado la Comisión Europea a los peticionarios, a los que ha dicho que no se considera competente para intervenir porque es un tipo de desigualdad salarial que no está prevista en la normativa europea.

“A la Comisión se le olvida que, si hay lagunas por las que los Estados ineficientes o las empresas rompen principios de igualdad, deben ser corregidas”, ha exigido.