El jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, ha dado a conocer las alegaciones que ha presentado ante la Comisión Europea contra la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, tras la respuesta del gobierno a su denuncia inicial. Ha explicado que se trata de una ayuda ilegal, ya que fue posible gracias a un préstamo participativo simulado desde una sociedad panameña (paraíso fiscal según la UE), evitando así la consideración de empresa en crisis, que habría hecho imposible recibir una ayuda de Estado. Además, el préstamo tampoco cumple con los requisitos de proporcionalidad, carácter estratégico y viabilidad exigidos por la Comisión Europea.
Luis Garicano ha comparecido en rueda de prensa para explicar las alegaciones que ha presentado ante la Comisión Europea en relación con la respuesta del Gobierno de España a su denuncia sobre este caso. El dirigente de Cs ha asegurado que el nivel de gravedad del asunto exige que los ministros de Transportes, de Economía y de Hacienda, así como el propio presidente del Gobierno, den explicaciones urgentes y claras. “La empresa ha realizado maniobras contables para vulnerar los requisitos legales, la cantidad de la ayuda es probablemente ilegal, y detrás de ello hay una trama muy sospechosa de personas que tienen investigaciones abiertas por conductas delictivas. Esto es muy serio. Hemos conseguido que el Gobierno dé explicaciones (aunque insatisfactorias) en Bruselas, pero ante la gravedad de los hechos, el gobierno debe dar explicaciones a todos los españoles. Van a llegar miles de millones de euros ahora en ayudas con los fondos de recuperación y estamos poniendo en peligro la credibilidad de España”.
El jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas presentó una denuncia ante el Ejecutivo comunitario el pasado 6 de abril, en la que afirmaba que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de Estado a la aerolínea Plus Ultra. El 27 de abril, el Gobierno envío su respuesta y el pasado jueves, 20 de mayo, el eurodiputado de Cs presentó sus alegaciones.
En la rueda de prensa, Garicano ha destacado que la respuesta del Gobierno “no solo no elimina la sospecha, sino que confirma todos los extremos de la denuncia”. Ha afirmado que las autoridades españolas no cumplieron con la diligencia debida y que esa falta levanta sospechas sobre la existencia de una voluntad de beneficiar a una empresa concreta. “Hay una nueva evidencia del lazo del entramado venezolano y una posible evidencia de un presunto delito societario por parte de las personas que tomaron las decisiones por parte de la empresa”, ha explicado. “Las maniobras contables y la ayuda ilegal concedida tienen detrás una trama ligada al chavismo”.
Las alegaciones presentadas por Garicano muestran que la empresa estaba en crisis, que no puede ser considerada una empresa estratégica y que la ayuda que ha recibido es del todo desproporcionada.
Una empresa en crisis
Según el Marco Temporal bajo el cual la Unión Europea autorizó a España a dar ayudas a empresas estratégicas, está prohibido conceder ayudas a empresas en crisis antes de la pandemia. En la normativa europea se considera a una “empresa en crisis” cuando “haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas”. El asesor financiero de Plus Ultra, DC Advisory, ha constatado que las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019 ascendían a 13.427.000 euros y el capital social suscrito a 19.268.000 euros. Por lo tanto, las pérdidas acumuladas dejarían un patrimonio neto de 5.841.000 euros, que refleja que habría desaparecido más de la mitad del capital social suscrito.
No obstante, ese asesor financiero (y solo ese) ha considerado que un préstamo participativo de la empresa panameña PANACORP por valor de 6.304.000 euros debía asimilarse a capital y sumarse al patrimonio neto. Con los cálculos de este asesor financiero, el patrimonio neto era de 12.145.000 euros, por lo que superaba el umbral de empresa en crisis que marca la mitad del capital social suscrito, 9.634.000 euros.
El cálculo, según el eurodiputado, es incorrecto. En primer lugar, porque se usa un truco contable para asimilar el crédito participativo al capital. Fuera de los casos de reducción de capital y liquidación de sociedades, los préstamos participativos no deben computar como patrimonio neto de la empresa. Además, en segundo lugar, Garicano ha explicado que el préstamo participativo de 6.304.000 euros de Panacorp era simulado, porque 4.046.000 euros están bloqueados en Panamá. Por lo tanto, en el caso de que fuese necesario disponer de ese dinero para pagar a otros acreedores de la compañía, sería misión imposible para un juez español embargarlos, ya que están en una cuenta bloqueada en un paraíso fiscal. Para Garicano, esto demuestra que el préstamo es una simulación: “Se hace creer que la compañía tiene dinero para que puedan recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”.
Una ayuda manifiestamente desproporcionada
El eurodiputado también explica en sus alegaciones que la inyección de 53 millones otorgada por el Gobierno es manifiestamente desproporcionada. No puede ser mayor a las pérdidas de capital sufridas entre 31/12/2019 y el momento de la solicitud, el 1 de septiembre de 2020. En el caso de Plus Ultra, consta que, a finales de octubre de 2020, había perdido, 16.300.000 euros. Por tanto, la ayuda no puede ser superior a esta cantidad: “53 millones es 3 veces mayor que la cantidad máxima permitida, una desviación inexplicable”, ha denunciado.
Una empresa que es imposible considerar estratégica
Además, la empresa no puede ser considerada como estratégica y los propios datos presentados por el Gobierno lo demuestran. Su cuota de mercado en España es del 0,2% entre las compañías de clase A y del 0,1% en número de pasajeros en el total de compañías que operan. Es un operador de importancia ínfima en el sector del transporte en España y en la UE y no es clave en las conexiones con Latinoamérica. Según Garicano, “el propio Gobierno reconoce que la desaparición de la empresa no tendría consecuencias negativas ni sistémicas, ya que se cuota de mercado sería fácilmente absorbida por otras aerolíneas.Esto es contrario a la reciente sentencia (19 de mayo) del Tribunal General de la UE, en la que indica que a las empresas no consideradas sistémicas o estratégicas para la economía se les deniega la posibilidad de acceder a la ayuda en cuestión.”
Riesgo de que el dinero no se devuelva
Además, Garicano ha mostrado que Plus Ultra no es viable. La ayuda de 53 millones a Plus Ultra se ha canalizado a través de dos préstamos que vencen en los próximos años. El préstamo ordinario de 19 millones de la SEPI a Plus Ultra vence en 2024 y el préstamo participativo de 34 millones, también de la SEPI, vence en 2026. La empresa, en 2019, antes de la pandemia, tuvo unas pérdidas de 2.780.000 euros y, según su propio plan de viabilidad, las pérdidas esperadas entre 2020 y 2022 ascienden a 34,6 millones de euros. Parece imposible que, tras tales pérdidas, genere suficiente dinero en el 2023 y 2024 para poder cubrir el agujero generado por las pérdidas y poder además reembolsar una ayuda de 53 millones (mayor que el propio tamaño de la empresa en 2019).
Garicano ha advertido de que existe un riesgo alto de que los 53 millones no se devuelvan y parte de ellos desaparezca en una cuenta en Panamá. Por eso, ha pedido al Gobierno que “evite que los propietarios de la empresa utilicen el rescate para pagar las deudas que tienen con empresas que ellos mismos controlan: si el préstamo de Panacorp se podía considerar como capital, entonces no debe ser pagado hasta que se haya devuelto el último euro a los contribuyentes españoles”.
El dirigente de Ciudadanos hace hincapié en sus alegaciones en que el deber de diligencia del Gobierno en este caso era aún mayor porque el accionariado de la empresa beneficiaria ha estado supuestamente vinculado a tramas de corrupción y blanqueo de capitales, y la procedencia del préstamo es opaca, según la información pública. La SEPI, sin embargo, no ha realizado ningún análisis al respecto.
Una de las figuras clave en todo este entramado es Rodolfo Reyes, que controla el 56,8% de Plus Ultra (Snip Aviation S.L), quien ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Otros dos accionistas de la empresa, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo presuntamente investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales. En cuanto a Panacorp, su tesorero es Mohamed Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim, relacionado con esa misma trama de los CLAP. Estas y otras personas participan juntas en otras empresas.
Garicano conluye que: “la existencia de esta trama de empresas, incluidas algunas de ellas en paraísos fiscales, y personas bajo investigación, es muy preocupante e intensifica el deber de diligencia de las autoridades españolas a la hora de examinar los requisitos de la ayuda, incluido el préstamo participativo de Panacorp al que, recordemos, fían todo su análisis de que la beneficiaria no estaba en crisis”.