- La eurodiputada Maite Pagaza advierte al comisario de Justicia de que se busca debilitar el Poder Judicial “frente a eventuales arbitrariedades del Poder Ejecutivo estatal o subestatal
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha solicitado a la Comisión Europea que vigile el proyecto de reforma del Tribunal Constitucional para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad y las sanciones a cargos públicos por incumplir sentencias, porque oculta una nueva concesión al independentismo que tantas veces ha desobedecido al Alto Tribunal.
En un escrito dirigido al comisario de Justicia, Didier Reynders, Pagaza le pide que siga de cerca esta reforma y la incluya en el informe anual que está preparando sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión. Se trata de un nuevo intento de debilitar el Poder Judicial por parte del Gobierno y se suma a la reciente reforma del CGPJ para impedirle hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones.
La intervención de la Comisión Europea a instancias de Ciudadanos ya evitó una reforma aún más lesiva para el CGPJ por parte del Ejecutivo de Sánchez. Pagaza se ha dirigido de nuevo a Reynders para exponerle que esta nueva reforma oculta “concesiones políticas injustificables a algunos partidos minoritarios que en el ámbito subestatal han incumplido reiteradamente sentencias del Tribunal Constitucional”.
Son muchos los ejemplos, porque durante décadas la Generalitat de Cataluña ha desobedecido sentencias sobre el bilingüismo y otras cuestiones, pero entre los casos más graves Pagaza cita la sentencia de 2015 contra la Resolución del Parlament 1/XI de ese año que abrió todo el proceso secesionista. “Deben, pues, existir mecanismos que permitan que aquellos que optan por no atender sus decisiones, se vean forzados a cumplirlas”, expone. En ese año 2015 se aprobaron estas medidas de refuerzo del TC que ahora se quieren derogar.
La eurodiputada defiende igualmente el recurso previo de inconstitucionalidad, que permite evaluar si una norma se ajusta a la Constitución antes de que se apruebe. Y critica además que se argumente que en otros países de la UE no hay normas similares, cuando Alemania o Francia las tienen. “En conclusión, me llena de inquietud ver como España se puede estar convirtiendo en un mal ejemplo de descapitalización de instrumentos del Poder Judicial frente a eventuales arbitrariedades del Poder Ejecutivo”, avisa Pagaza en su carta a Reynders.