• Maite Pagaza sostiene que la acción del Gobierno catalán “surge de la consideración de que, por ser nacionalistas,  ostentan  un poder sin límites, y de que, por ser nacionalistas, pueden hacer uso de la ingeniería social sobre los comportamientos y, vulnerar los derechos de las personas. Se comportan pues, de forma esencialista y contrariamente al pluralismo de una sociedad democrática”

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazartundúa celebró hoy que el Defensor del Pueblo haya dado un ultimátum a la Generalitat por ignorar su requerimiento de facilitar la información relativa a la campaña “No me cambies de lengua” “No em canviïs la llengua”, que promovía seguir hablando catalán incluso a aquellas personas que no la dominen.

En respuesta a la denuncia de Pagaza, el Defensor recuerda que de seguir con esta actitud, el Gobierno incurrirá en una “actitud hostil y entorpecedora” por falta de “colaboración” institucional.

Pagaza remitió una carta el pasado 13 de febrero de 2020 al Defensor del Pueblo en la que denunciaba la iniciativa impulsada por el Gobierno catalán por tener “tintes racistas y xenófobos” y por mostrar “fobia” hacia de una de las lenguas cooficiales de la comunidad autónoma catalana. La eurodiputada naranja recordó que esta campaña pretende “concienciar a los catalanohablantes de no cambiar de lengua cuando cree, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que el interlocutor no nació en Cataluña”.

“Es una iniciativa lanzada con el objeto de revertir, de forma invasiva e intolerante, la costumbre de hablar en castellano a aquellas personas nacidas en el extranjero”, aseguró Pagaza en la misiva, en la que explicaba sobre esta campaña que, por ser nacionalistas, creen que pueden ostentar un poder sin límites, y de que, por ser nacionalistas, pueden hacer uso de la ingeniería social sobre los comportamientos y, vulnerar los derechos de las personas. Se comportan, pues, de forma esencialista y contrariamente al pluralismo de una sociedad democrática” .

Para Maite Pagaza, esta campaña “afecta a los artículos 3, 13 y 20 de la Constitución española, así como los artículos 11, 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales, pues se afecta a la libertad de expresión y se alienta la discriminación”. “Esto solo puede considerarse como contrario a la ley, discriminatorio y excluyente de una parte de los ciudadanos, dañando la convivencia y la integración en la sociedad de las personas que no conozcan el catalán”, ha concluido.