• El eurodiputado y expresidente balear, José Ramón Bauzá, denuncia que el Ejecutivo de Armengol viola gravemente el derecho constitucional a expresarse en español

La eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, ha llevado ante la Comisión Europea la imposición del catalán al personal médico de las Islas Baleares por el Ejecutivo de Francina Armengol, ya que viola gravemente el derecho constitucional a expresarse en español y el principio de igualdad ante la ley.

Como presidente del Gobierno balear, entre los años 2011 y 2015, José Ramón Bauzá lideró la defensa del español en Baleares y en la administración autonómica, con medidas como la supresión de la obligatoriedad del catalán en la educación. En materia de sanidad y con el objetivo de contar con los mejores profesionales sanitarios, el expresidente y ahora eurodiputado eliminó, precisamente, el requisito obligatorio del catalán para acceder a la función pública, pasando a ser un mérito y no una exigencia.

Bauzá, desde el Parlamento Europeo, mantiene su compromiso con la libertad lingüística, por lo que ha presentado una pregunta al Ejecutivo comunitario sobre la grave decisión del Ejecutivo de Armengol de abrir expediente informativo y disciplinario al personal sanitario que no atienda en catalán a los pacientes.

“En el resto de España, el debate es si priorizamos la protección de la salud frente a la libertad individual. En Baleares, el debate es si priorizamos el catalán frente a la protección de la salud“, ha criticado el eurodiputado de Ciudadanos.

“El Ejecutivo balear no solo viola el derecho constitucional del personal sanitario a expresarse en la lengua oficial del Estado. Se atenta igualmente contra los valores europeos de respeto a la diversidad cultural y lingüística de la UE, de la que el español es idioma oficial, así como el principio de igualdad ante la ley, al imponer el uso de una lengua exclusivamente al personal castellanoparlante bajo amenaza de represalias laborales”, ha denunciado Bauzá.

El eurodiputado de Ciudadanos pide a la Comisión una valoración de esta situación y le pregunta qué medidas prevé adoptar para garantizar que el Gobierno balear respeta los derechos constitucionales del personal médico.