• Adrián Vázquez, elegido portavoz del grupo liberal en el debate de esta Directiva, defiende reforzar la vigilancia sobre el respeto a los Derechos Humanos y el medio ambiente, “pero sin convertir a las empresas en la policía del mundo”

El eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha apostado por una nueva normativa europea sobre diligencia debida y sostenibilidad corporativa acorde a las nuevas exigencias sociales y por asegurar que las empresas no europeas que quieran operar en la Unión también la cumplen y no se escapan al control.

Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos que va a tramitar la Directiva, ha sido elegido portavoz del grupo parlamentario liberal, Renew Europe, para negociar la propuesta presentada por la Comisión Europea. El proyecto busca que las empresas de la UE o que quieran operar en la UE tengan que respetar los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno en su actividad en todo el mundo. El texto de la Comisión afecta a grandes empresas (más de 500 trabajadores) o de tamaño medio si operan en sectores de alto riesgo, que deberán prevenir, mitigar y reducir los efectos negativos reales o potenciales que puedan provocar en materia medioambiental o de derechos humanos.

El eurodiputado liberal ha explicado que esta Directiva es “un paso decidido para avanzar en la aplicación de estándares europeos fuera de nuestras fronteras. Todo el mundo debe asumir que para hacer negocio en el mercado europeo antes se deben respetar, por ejemplo, los derechos humanos en toda la cadena de valor. Tenemos un gran poder, que es nuestro mercado interior, y debemos usarlo”.

Adrián Vázquez ha mantenido ya contacto con varias empresas españolas para conocer su estrategia en esta materia, escuchar sus mejores prácticas e intercambiar impresiones sobre cómo les puede afectar la nueva regulación. “Hay algunas muy avanzadas en cuanto a diligencia debida que pueden exportar sus buenas prácticas al resto de Europa. Tenemos que ayudarles y darles flexibilidad y acompañamiento. En especial a muchas empresas que hacen las cosas muy bien y quieren hacerlas aún mejor”, ha señalado.

Aunque el debate de la Directiva arranca ahora, el eurodiputado liberal ha apuntado a varios objetivos. Por un lado, reforzar la obligación de cumplir esta norma por parte de empresas no europeas que quieran operan en la Unión. “La Directiva ya prevé que esto sea así, pero es necesario que no escapen al control y que no haya agujeros para no perjudicar de forma injusta a las empresas europeas. Si lo es para unas, la norma debe ser para todas”.

 Además, ha apostado por no extender de momento estas obligaciones a las pequeñas empresas, porque “no se les puede ahogar poniéndoles más obligaciones administrativas que no pueden cumplir. Parece mucho más razonable ayudarlas a crecer sabiendo que adquieren nuevas responsabilidades una vez tienen el tamaño y los recursos para poder asumirlas”.

 En definitiva, se trata de que las empresas sean responsables en su actividad ya no sólo de forma voluntaria, como hasta ahora, sino bajo una Directiva europea, pero que “tampoco se vean obligadas a ser la policía del mundo”. “Vamos a ser exigentes y ambiciosos, pero dentro de la lógica. Tenemos que atender a las nuevas demandas sociales sin sabotear la creación de nuevas empresas y su crecimiento en un entorno económico global lleno de retos para el futuro”, ha concluido.