La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha remitido a la Comisión Europea un nuevo informe que documenta el desacato y aliento a la desobediencia judicial que está llevando a cabo el Gobierno de Cataluña. Esta documentación fue solicitada por el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, en la reunión celebrada el pasado lunes con el equipo de Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas. El centro de la conversación giró sobre la situación y la calidad del Estado de Derecho en España, de cara al informe de Estado de Derecho sobre España que Reynders publicará el próximo 13 de julio. En ese marco, Pagazaurtundua le ha enviado un nuevo dosier con las decisiones, declaraciones, actos y comunicados oficiales emitidos por miembros del Gobierno de Cataluña, orientados, en primer lugar, a evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales e impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la justicia. Asimismo, recoge las acciones del Govern para obstaculizar la plena ocupación de la planta judicial catalana para favorecer el sometimiento de los jueces al Gobierno regional, que ha dado lugar a un aumento de traslados y menor demanda. “El Gobierno regional y sus miembros instan a otras autoridades públicas al desacato y a la desobediencia de sentencias, y disuaden a los ciudadanos afectados de hacer valer sus derechos ante la Justicia”, señala el documento. En este sentido, Pagaza manifiesta que este conflicto abierto entre el Gobierno de Cataluña y el Poder Judicial ha generado un problema estructural y pone en riesgo el Estado de Derecho en España. En su empeño, el Govern utiliza las herramientas de las que dispone, incluido el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, para desautorizar a los tribunales. Ante ello, “lamentablemente el Gobierno nacional no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto”. Explica que la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, es el órgano que debe “verificar” y ratificar el cumplimiento de las sentencias judiciales en materia de educación. Su trabajo consiste en revisar decretos y órdenes que emiten los departamentos de Educación autonómicos para ver si se ajustan a las leyes orgánicas. No obstante, en Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos, recalca. “Que un Gobierno inste a la desobediencia y el desacato de sentencias y utilice todo tipo de ingeniería jurídica para impedir su ejecución, es inaceptable y un problema estructural que el Informe anual sobre el Estado de Derecho debe abordar”, manifiesta. El Gobierno catalán no se ha detenido y ha hecho uso de la ingeniería jurídica para justificar la inejecución de la referida sentencia, el pasado 30 de mayo aprobó el Decreto Ley 6/2022[1] para no cumplir lo establecido por el Tribunal Supremo. El incumplimiento de la sentencia del 25% se ha vertebrado a través de un decreto del Gobierno regional, ratificado por el parlamento con el apoyo de los partidos separatistas, que llegaron a manifestar que “los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara” La vicepresidenta de Libe plantea en este sentido que “declaraciones que alientan el desacato, cuando son hechas por miembro del Gobierno, suponen un ataque a la independencia judicial en tanto en cuanto conducen a hacer disminuir la confianza de la opinión pública en la justicia”.
Estructura del informe El informe se divide en tres apartados con documentación detallada. La primera parte aborda el desacato a sentencias condenatorias en materia de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación en castellano (STJC de 16 de diciembre de 2020 sobre la obligación de al menos el 25% de docencia en español), y la ingeniería jurídica para impedir su aplicación, que ha llegado a la publicación en el DOGC de una amenaza clara a quienes acudan a los tribunales a defender sus derechos. En una segunda parte, ofrece documentación sobre la red tejida por la Generalitat para buscar el señalamiento y acoso a los menores y familias que pretenden defender sus derechos, para que desistan y no reclamen la ejecución de las sentencias que les favorecen. “Cuando los tribunales les dan la razón, la administración educativa y los directores de centros convocan protestas que suponen un señalamiento intolerable de padres y alumnos”. La tercera parte del informe analiza el señalamiento a jueces por parte del Govern, que busca el sometimiento de la Justicia y ha provocado con ello que la planta judicial catalana sea deficitaria. “El aumento de traslados a otras partes de España y la caída de la demanda ha llevado a que casi un centenar de plazas estén desiertas”, expone Pagaza, que aporta documentación sobre la salida de jueces de Cataluña. [1] Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos (DOGC de 30 de mayo de 2022). |
