• Maite Pagaza y Adrián Vázquez se dirigen a la Comisión Europea tras reunirse con las familias, que les han trasladado su angustia por la postura del Ejecutivo de Sánchez

 Los eurodiputados de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua y Adrián Vázquez han reclamado a la Comisión Europea que intervenga para que el Gobierno de Pedro Sánchez lleve a cabo una investigación técnica efectiva del naufragio del Villa de Pitanxo, en el que fallecieron 21 personas a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá).

Los diputados europeos han tomado la iniciativa tras una reunión con los familiares de las víctimas del accidente, que les trasladaron su preocupación por la negativa del Ejecutivo de Sánchez a enviar equipos que bajen al pecio hundido y llevar a cabo una investigación eficaz de cómo ocurrió el accidente. María José de Pazo, hija del jefe de máquinas desaparecido y portavoz de las familias, y Carolina Alcántara Gutiérrez, esposa del contramaestre del buque, mostraron su angustia por la situación y la necesidad de que Bruselas intervenga ante España.

“Debemos apoyar las demandas urgentes de las familias y resulta lamentable que el Gobierno no haya estado a la altura. Debe rectificar ya. Es necesario que se conozca esta situación para que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado”, ha denunciado Maite Pagaza, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

El gallego Adrián Vázquez, portavoz de Agricultura y Pesca y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, ha dicho por su parte que “Europa debe tomar cartas en el asunto porque es inaceptable que no se haga todo lo posible por esclarecer lo ocurrido en este fatal accidente”. “Lo merecen la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familias. Nada puede aliviar su dolor, pero el Gobierno de España tiene la obligación garantizar que tienen justicia. Y para eso tenemos que saber qué pasó”.

Los dos eurodiputados de Ciudadanos señalan en una pregunta escrita a la Comisión Europea que el Real Decreto 800/2011, que traspone la Directiva 2009/18/CE, establece que la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos, que depende del Ministerio de Fomento, llevará a cabo una investigación de seguridad marítima “cuando se produzcan accidentes marítimos muy graves que afecten a buques que enarbolen pabellón español, con independencia de la localización del accidente”.

“El Gobierno español no ha iniciado tal investigación de forma efectiva y las familias perciben inacción por parte de las autoridades responsables, que puede afectar negativamente a sus legítimos intereses en las causas judiciales en curso”, señalan ambos eurodiputados en la iniciativa. La Comisión Europea, entienden, debe instar a España a cumplir con sus obligaciones en tiempo y plazo.