• La eurodiputada Maite Pagaza explica que España será objeto de revisión el 8 de septiembre en el grupo de control del Estado de Derecho y Derechos Fundamentales

Bruselas, 5 de septiembre 2022. La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza, señaló hoy, coincidiendo con el arranque del curso judicial esta semana, que después de tres años y nueve meses de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y varias amonestaciones por parte de la Comisión Europea, PSOE y PP “están obligados a cambiar la ley y dejarse de monsergas”.

“En este arranque del curso judicial sólo podemos esperar que los partidos mayoritarios asuman su responsabilidad y se dejen de enredos e imposturas. En lo que quieren, bien que corren para sacar legislación”, manifestó Pagazaurtundua.

En este sentido, y de cara a la celebración de la reunión de control del Estado de Derecho de España el próximo jueves 8 de septiembre, deseó que el Gobierno de España pueda ofrecer explicaciones y asumir compromisos sobre los puntos que la Comisión Europea señaló el pasado mes de julio como preocupantes en este ámbito. La diputada de Ciudadanos recordó que por tercer año consecutivo el Ejecutivo comunitario ha afeado a España por la politización del poder judicial.

“Es preciso recordar que la principal causa del bloqueo de la renovación del CGPJ ha sido siempre política, nunca legal. En España, Ciudadanos reclama desde que nació la profesionalización, la independencia y la despolitización del Poder Judicial, para que no dependa del mercadeo político”, planteó.

Pagaza apuntó que con esta situación se perjudica a los ciudadanos, al funcionamiento de la justicia y a la calidad del Estado de Derecho porque hay jueces que deben favores a personas con mucho poder a los que devolver el favor en algún momento”. “Hay togas que se manchan en el polvo del camino que interesan en los partidos”, agregó.

“Esto se ve con claridad también en Cataluña, donde el acoso virulento y señalamiento de jueces no afines al separatismo no ha derivado en la defensa por parte del Estado y del gobierno de esos jueces y de la Justicia, sino bien al contrario en el pacto con los prevaricadores del Gobierno catalán”, declaró.

“En Cataluña vemos finalmente una situación de indefensión de los ciudadanos.  Este acoso ha dado lugar a problemas estructurales en Cataluña, que afectan de lleno a la imposibilidad de derecho efectivo a la justicia”, subrayó.

El incremento de traslados ha dado lugar a un aumento también de plazas vacantes en esa región. En 2020 el 59 por ciento de las plazas vacantes en España se concentraban en Cataluña, casi un centenar de plazas vacantes.