La eurodiputada Soraya Rodríguez debate con la fiscal Peramato, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y otros expertos sobre la Directiva que ha propuesto la Comisión Europea y carga contra la extrema derecha por su negacionismo

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de Renew Europe, Soraya Rodríguez, ha subrayado la necesidad de conseguir la aprobación de la Directiva contra la violencia de género para tener por fin herramientas comunes a nivel de la Unión Europea y ha reclamado un combate decidido contra la extrema derecha y otros discursos negacionistas en España y la UE.

“Se calcula que 50 mujeres son asesinadas, víctimas de la violencia de género, cada semana en la UE. Una de cada 20 ha sido violada. No podemos dar un paso atrás mientras crece el negacionismo a nivel mundial: tenemos que combatirlo”.

Durante esta Semana Europea de Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez ha organizado un evento sobre esta Directiva junto a Renew Europe, en el que han participado la fiscal de sala de Violencia de Género, Teresa Peramato, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y distintos expertos nacionales y europeos. La jornada ha servido para repasar los aspectos más positivos y los retos que presenta la Directiva lanzada por la Comisión, en la que ahora trabaja el Parlamento Europeo.

“En España, han sido asesinadas 35 mujeres este año y, desde que se tienen datos, 1.165 mujeres. Esta es la máxima expresión de la violencia que sufren las mujeres en la Unión Europea. La punta de un iceberg que esconde malos tratos, agresiones sexuales, acoso, ciberviolencia de género, trata y vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos”, ha denunciado la eurodiputada liberal.

Soraya Rodríguez ha explicado que la Directiva es un gran avance, pero cubre solo algunas formas específicas de violencia de género debido a la debilidad de su base legal. “Las formas de violencia que cubre son por un lado la violación, con la tipificación de este delito teniendo en cuenta la falta de consentimiento, ya que en algunos Estados Miembros se necesita el uso de la fuerza o amenazas; también, la mutilación genital femenina y determinadas formas de ciberviolencia”, ha explicado la portavoz.

“La base legal adecuada habría sido el artículo 83 ampliado, incluyendo la violencia de género como un eurocrimen. Esta era además una promesa de la presidenta Von der Leyen. Pero cambiar la base legal que permitiría ir más lejos requiere la unanimidad de todos los Estados miembros y el negacionismo de esta violencia se abre paso en algunos gobiernos nacionales; también en los regionales, en el caso de España, en el de Castilla y León. Es lamentable que todavía queden Gobiernos que piensen que el blanqueo de dinero o la corrupción son delitos más graves que la violencia contra las mujeres en la Unión Europea”, ha denunciado Soraya Rodríguez.

Ha defendido que en cualquier caso esta Directiva va en la buena dirección. “Es una buena base para crear un marco europeo de lucha y prevención con estándares mínimos de protección. La protección de la integridad y dignidad de una mujer española, polaca o italiana debe ser la misma en cualquier país europeo. Y no podemos aceptar que haya ningún lugar de impunidad en ningún rincón de la UE para los autores de crímenes contra las mujeres”.

Por otro lado, la eurodiputada ha reclamado datos actualizados sobre esta realidad en Europa, porque la última encuesta completa fue la de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en 2014. Las conclusiones que arrojó fueron entonces ya espeluznantes, ha dicho Soraya Rodríguez: “Una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual desde los 15 años, y una de cada 20, ha sido violada. Algo más de una de cada cinco mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja actual o anterior, mientras que el 43% ha experimentado algún tipo de comportamiento de control o abuso psicológico en una relación. Necesitamos datos actualizados y más homogéneos y esta directiva es un paso en esa dirección”.

MÁS PROTECCIÓN DE LOS MENORES

En la jornada ha intervenido Teresa Peramato, fiscal de sala contra Violencia de Género. Ha considerado la directiva como una excelente herramienta también para España, que tiene una de las regulaciones más avanzadas contra la violencia sobre la mujer. Dicho esto, ha propuesto algunas mejoras. “Echo de menos en la Directiva una consideración específica de los niños y niñas que viven en entornos de violencia de género como víctimas también. Hacen falta medidas concretas en ese aspecto”, ha dicho.

Un 51,7% de víctimas de violencia de género que tenían niños a su cargo asegura que estos niños también fueron objeto de malos tratos, muchas veces son objeto de violencia extrema para hacer daño a la madre. “Hay que tomar medidas muy valientes para proteger a los niños y niñas. Tenemos que ser vanguardia y la Directiva debería coger medidas para asegurar que nunca se conceda custodia a un maltratador, que se restrinjan visitas y que se suspenda la patria potestad cuando un progenitor ha matado a la madre y es condenado, así como preservar el patrimonio de los agresores para hacer efectivo el derecho a la indemnización de niñas y niños”, ha explicado.

También ha intervenido Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. “Muchas organizaciones feministas españolas somos defensoras de esta Directiva, entre otras cosas para afianzar nuestro suelo. Tiene que estar enfocada a hacer avanzar la vanguardia: hace falta una legislación aún mejor”, ha defendido. Ha hecho hincapié igualmente en la protección de los menores y una normativa más fuerte sobre la responsabilidad parental.

Soleto ha dicho que la violencia efectiva contra las madres afecta de forma directa a niños y niñas, se les convierte en objeto de chantaje, a veces está en juego incluso su vida, ha dicho. “Además, está demostrado que la falta de protección a los menores es una de las causas de la cronificación de la situación”, ha dicho. “Es imprescindible que la Directiva deje clara la necesidad de esta protección del menor y de reparar también el daño a niños y niñas”.