La vicepresidenta de la Comisión de Libertades civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, exigió hoy que se conozca toda la verdad respecto a la existencia de “centros de coacción -e incluso retención- ilegales chinas” ubicadas en la UE, y, en su caso, “ que el peso de la justicia y de la diplomacia” caiga sobre los responsables porque “sería tan ilegal como escandaloso”.

Los informes presentados por Safeguard defenders, analizados hoy en la comisión LIBE, indican que estas actividades híbridas entre la criminalidad y el totalitarismo político se están llevando a cabo en Italia, España, Suecia, Francia, Irlanda… “Son totalmente clandestinos, sin consentimiento, no hay permiso para su actividad y existencia. El primero data de febrero/marzo de 2016 pero durante los siguientes años han crecido y se han extendido a distintas ciudades, regiones… con constancia de aperturas en 2018, 2021…”, señala Laura Harth responsable de Safeguard Defenders.

Ante estas revelaciones, Pagaza apuntó que le inquieta extraordinariamente el hecho de que se hable de más 100 comisarías chinas ilegales, centros de coacción o retención ilegal, de extradición ilegal tanto en dictaduras como en democracias. “Nos toca dilucidar, con toda claridad, si en algún caso los centros se han montado con el consentimiento de algún Estado miembro en la Unión Europea”, planteó.

Pagaza recordó que en los Estados Miembros de la UE existen normas consulares que exigen autorizaciones públicas y normas internacionales en materia de extradición, por lo que “la falta de aplicación de las normas es totalmente inaceptable” y nuestra democracia quedaría sumamente debilitada”.

Según el informe, España tiene nueve centros de este tipo y es el país en el que más centros se han encontrado. Están repartidos por Madrid (3), Barcelona (2), Valencia (2), Santiago de Compostela y Manresa (1).  “Sabemos lo que se está empezando a contar ahora en los medios, aunque lleva años ocurriendo. Estos sucesos conllevan una clara vulneración de competencias de orden público, en materia de Interior, Justicia e Asuntos Exteriores, además de invalidar libertades”.

“Si estos centros hacen lo que se indica en el informe se estarían vulnerando nuestras competencias de orden público y materia de interior, de justicia, de seguridad exterior y de asuntos exteriores, además de invalidar las libertades de que gozan en nuestro país los nacionales chinos, del mismo modo que el resto de ciudadanos”, advirtió. “En estos tiempos de amenazas híbridas al Estado de Derecho, nosotros tenemos que ser claros para que ninguna línea se desdibuje”, agregó.

Laura Harth, Directora de Campaña de Safeguard Defenders, ha indicado que existe una amenaza interna que afecta a todos los departamentos e instituciones de seguridad.  “Es un problema que va más allá de las fronteras de la Unión Europea. Es una realidad que afecta a las democracias, ya que son las que se preocupan de ello, a diferencia de otras naciones cuyos gobiernos pueden colaborar. Nadie tiene una solución mágica, por lo que colaborar debe ser la clave”, ha señalado.

Entre sus revelaciones, destaca las dudas sobre si Italia conocía la existencia de estas oficinas, por lo que actuarían de manera cómplice, o el caso de Madrid “donde hay incluso material visual sobre estas operaciones y cómo se llevan a cabo”, ha dicho.

Asimismo, Harth ha señalado que hay países y gobiernos de fuera de la UE que tienen acuerdos para albergar estas estructuras policiales chinas del exterior.“Podríamos decir a lo mejor que algunas autoridades locales cierran los ojos ante algunas comunidades chinas porque quieren que sean vigiladas policialmente y lavarse las manos”, ha añadido.