Pagaza insta a Reynders a que tenga en cuenta en el próximo informe del Estado de Derecho el desacato judicial contra el español de la Generalitat y la pasividad del Gobierno central
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha remitido a la Comisión Europea una pregunta escrita para comunicarle las informaciones respecto a que el Gobierno de la Generalitat ha aprobado un programa denominado Sensei para el próximo curso que busca formar a los nuevos profesores y que podría vulnerar los valores del artículo 2 del TUE.
El programa, según ha publicado El Mundo, estará inicialmente dotado con un presupuesto de 11 millones de euros, de los que el 95% serán sufragados por el Fondo Social Europeo Plus. La previsión es que el proyecto Sensei requiera 28,7 millones de euros, 27,2 del fondo europeo.
Sin embargo, ha señalado Pagaza, su principal objetivo es inculcar al nuevo profesorado los rasgos identitarios del sistema educativo catalán, que reivindica el monolingüismo en catalán y que niega al castellano la condición de idioma vehicular en la enseñanza, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando ordenó impartir un 25% de las materias troncales en castellano en todos los colegios de Cataluña.
“¿Piensa la CE permitir que fondos europeos sirvan para financiar un programa de instrucción identitaria excluyente para docentes? ¿Cómo va a detener a la Generalitat en sus propósitos con fondos europeos?”, ha planteado Pagaza.
Asimismo, en una extensa carta remitida al comisario Didier Reynders, Pagaza le señala que cuando un Gobierno nacional incumple su obligación de proteger los Derechos Fundamentales y garantizar el Estado de Derecho, al no utilizar los medios a su disposición a ello destinados, dicho Gobierno debe ser advertido por parte de las instituciones europeas. Así debería ser, ha dicho, de cara al informe que el Ejecutivo comunitario debe emitir en junio en su ejercicio anual de la salud del estado de derecho en los Estados miembros.
En este sentido, recuerda que el propio Tribunal Constitucional acaba de señalar el carácter vehicular del castellano en toda España, la obligación de impartir asignaturas en castellano y ha recordado la obligación del Gobierno de España y de la Alta Inspección de velar porque así sea en todos los sistemas educativos. El TC específica además que el uso de las dos lenguas oficiales como vehiculares ha de hacerse siguiendo un patrón de equilibrio o igualdad.
“Pero en la práctica la situación de despojamiento de derechos civiles es grave. Reclamar judicialmente el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos se ha convertido en motivo de acoso hacia aquellos que se atreven a reclamar la aplicación de la Ley”, denuncia.
“En Cataluña, en la educación, en las últimas décadas se han ido poniendo las bases para un régimen monolingüe en un entorno que no deja lugar a la protesta, sino solo la posibilidad de acudir ante los tribunales para reclamar sus derechos civiles”, prosigue Pagaza.
Y frente a todo ello, indica la misiva, el Gobierno de España no ejerce sus competencias para combatir el desacato continuado del Gobierno regional catalán a sentencias judiciales firmes. “La dejación del Gobierno ha generado un problema estructural en el Estado de Derecho en España, que persiste, vulnerando el principio de isonomía ante las leyes y la igualdad las personas”, insiste, por lo que gobierno español debe ser advertido.
El objetivo, concluye, debe ser “revertir las arbitrariedades, la ingeniería política que disminuye el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades, incluyendo la libertad ideológica”.