Bruselas, martes 23 de enero de 2024. El eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha presentado una pregunta parlamentaria dirige a la Comisión Europea en la que le urge a desencadenar el mecanismo de control del Estado de Derecho para proteger a los jueces españoles de los ataques del Gobierno.
Después de que ya escribiera al comisario Didier Reynders el pasado viernes, Pagaza añade ahora una pregunta que requiere respuesta escrita obligatoria por parte del Ejecutivo comunitario respecto a las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, respaldadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el juez Manuel García-Castellón.
Pagaza recuerda que García Castellón está juzgando por terrorismo al expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont, por lo que es sumamente grave cualquier declaración desde el Gobierno que cuestione su trabajo. “Es un claro ejemplo de ataque desde el poder a la magistratura”, indicó.
Destaca además que el Poder Judicial ha salido en defensa del juez y de la independencia judicial y tanto las asociaciones de jueces como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han destacado que la división de poderes en España está “amenazada seria y gravemente”.
“La implementación de nuestro sistema legal, no debe quedar a merced de la tendencia populista adoptada por el Gobierno español”, dijo la diputada, para quien el establecimiento de comités parlamentarios en el Congreso de los Diputados para examinar la supuesta ‘politización de la justicia’, con la facultad de emprender medidas de responsabilidad hacia los jueces, constituye un hecho de gran seriedad que pone en riesgo el principio de separación de poderes.
“Son desde luego prácticas incompatibles con el ordenamiento jurídico y que afectan a la Justicia”, ha manifestado Pagaza.
Los principios fundamentales que sustentan la Unión Europea incluyen el acatamiento de la separación de poderes. “El acoso a los máximos representantes del Estado de derecho –jueces y magistrados– representa una seria amenaza para este principio esencial, comprometiendo la autonomía del sistema judicial y poniendo en riesgo la integridad del sistema democrático”, ha dicho la diputada de CS.
“La gravedad de los ataques a la independencia judicial se intensifica cuando provienen del poder, ya que buscan generar una propagación de precaución, temor y autocensura, elementos que son precisamente contrarios a lo que se espera en democracias avanzadas”, indicó.
