Bruselas, miércoles 7 de febrero de 2024. La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtunda, ha pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta el “populismo muy agresivo” del Gobierno de España, que se plasma en un ataque feroz contra la independencia del poder judicial, en el contexto del análisis de la Ley de Amnistía que está realizando. En una carta dirigida al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la comisaria de Democracia, Vera Jourova, Pagaza recuerda que es obligación de la Comisión Europea evitar, incluso antes de la ley de Amnistía, que la deriva contra la independencia del poder judicial dañe irremediablemente las instituciones del Estado de derecho democrático en España. “El declive en la calidad del Estado de Derecho en España se ve día a día”, lamenta en su misiva, donde recalca la intensidad que han alcanzado los ataques desde el poder ejecutivo y sus socios contra los jueces que llevan causas que no interesan al gobierno o sus socios. Una actitud, señala, “de puro conductismo para someterlos”. “El ataque a su independencia como contrapeso a la operación de impunidad de la Ley de Amnistía que van construyendo supone un ataque sin precedentes a la capacidad del sistema legal para hacer cumplir las leyes de manera efectiva y justa”, plantea la diputada. El Congreso de los Diputados, bajo la pasividad de su presidenta, es escenario a diario– relata– de críticas feroces a los jueces, de parte de partidos como Junts, ERC, Sumar -partido de Gobierno-, Podemos y EH Bildu, además de representantes del Partido Socialista. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suscrito una declaración institucional por unanimidad donde “rechaza con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo” contra distintos jueces. Los vocales, todos, unánimemente han realizado un llamamiento directo al Parlamento: “Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”. Al tiempo de estos ataques, y no por casualidad, el presidente Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto públicamente a aprobar la ley de amnistía a los políticos encausados por malversación, terrorismo y corrupción — anulando así el trabajo judicial–, incluso si para ello debe acortar los tiempos de instrucción con una nueva reforma legal. “Es decir, reduciendo el tiempo para que los jueces no puedan preparar las causas”, recalca. Asimismo, Pagaza informa a los comisarios de que la Junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha concluido por amplia mayoría que hay indicios suficientes para imputar por terrorismo a Puigdemont en la investigación de Tsunami Democràtic, tal y como reclama el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Sin embargo, da cuenta de que este pronunciamiento se produce después de que Álvaro Redondo, fiscal del Tribunal Supremo, modificara en tan solo 72 horas su informe para abrir una causa contra Puigdemont por terrorismo en el Tribunal Supremo y realizara otro, indicando lo contrario, después de reunirse con el Fiscal General del Estado. |
