Bruselas, martes 15 de octubre de 2019.

Esta tarde, las delegaciones del Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (Cs) han enviado una carta conjunta a los eurodiputados del Parlamento Europeo a propósito de la reciente sentencia que respetan y acatan.

El texto describe de forma sucinta el contenido de la sentencia y defiende que el proceso judicial se ha desarrollado de forma transparente, con todas las garantías para las personas acusadas y asegurando la estricta separación de poderes, con lo que queda demostrado el correcto funcionamiento del Poder Judicial.

Las delegaciones de los tres partidos firmantes de la carta recuerdan que la Unión Europea como comunidad de derecho se basa en la integridad y el respeto al orden constitucional de sus miembros. En este sentido, subrayan que ningún marco constitucional de un Estado Miembro permitiría el desafío a sus reglas jurídicas básicas.

Las jefaturas de las delegaciones apelan a la responsabilidad y a la cooperación del conjunto de las fuerzas políticas democráticas para preservar la legalidad y la normalidad institucional y hacer posible el restablecimiento de la convivencia en Cataluña que vienen defendiendo los sucesivos Gobiernos democráticos de España.

La carta conjunta ha sido firmada por Dolors Montserrat (PP), Javier Moreno Sánchez (PSOE) y Luis Garicano (Cs).

Contenido íntegro de la carta

Bruselas, martes 15 de octubre de 2019

Carta abierta de las delegaciones de Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (Cs) a los eurodiputados del Parlamento Europeo

El Tribunal Supremo de España acaba de emitir su sentencia en el caso de los dirigentes políticos y líderes de organizaciones impulsoras del Procés procesados por delitos contra el ordenamiento jurídico derivados de la convocatoria de un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia. Las condenas del Tribunal Supremo comprenden delitos de sedición, de malversación y de desobediencia e imponen penas de prisión que van desde un año y ocho meses hasta los trece años.

La sentencia pone fin a un proceso judicial seguido con todas las garantías de transparencia y de separación de poderes tanto en la investigación como en el juicio, demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

El juicio se celebró en más de cincuenta sesiones hasta su conclusión en el mes de julio pasado. Las sesiones del Tribunal fueron públicas y retransmitidas por televisión, con pleno acceso de los medios de comunicación. El Tribunal está compuesto por siete de los jueces de mayor rango de la carrera judicial española y la sentencia que han dictado ha sido adoptada por unanimidad. En el curso del juicio, además de las intervenciones de las acusaciones y las defensas de los acusados, el Tribunal recibió el testimonio de 422 testigos.

El Tribunal ha establecido que los hechos ocurridos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 representaron un grave ataque al orden legal. El Estado social y democrático de Derecho español fue gravemente atacado por las acciones de los acusados en una actuación unilateral, fuera de todo procedimiento constitucional debido, con la utilización indebida de fondos públicos y desobedeciendo las decisiones y advertencias previas del Tribunal Constitucional.

Como una democracia plena que es, en España las libertades políticas se encuentran garantizadas. Y al igual que en otras democracias occidentales, el ordenamiento jurídico prevé la defensa del sistema constitucional y legal frente aquellos que actúan para quebrarlo fuera de las vías que la propia Constitución habilita. La Unión Europea como comunidad de derecho se basa en la integridad y el respeto al orden constitucional de sus miembros.

Ningún sistema democrático, ningún marco constitucional de un Estado Miembro permitiría el desafío a sus reglas jurídicas básicas. España ha asegurado que este desafío recibía la respuesta legal adecuada a través de un juicio imparcial y con todas las garantías para los responsables de estos actos que produjeron una grave quiebra de la convivencia y del orden jurídico democrático.

Los grupos políticos firmantes apelamos a la responsabilidad y a la cooperación del conjunto de las fuerzas políticas democráticas para defender la legalidad, la normalidad institucional y hacer posible el restablecimiento de la convivencia en Cataluña que vienen defendiendo los sucesivos Gobiernos democráticos de España.

Por último, hacemos un llamamiento a la preservación del orden público, de la vida ciudadana y del normal funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña.

Dolors Montserrat

Javier Moreno Sánchez

Luis Garicano