La Delegación de Ciudadanos, a instancia de la vicepresidenta de la comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, junto con la eurodiputada liberal, Ramona Strugarius, han emprendido una acción para impulsar dentro del Grupo Renew una petición al comisario Didier Reynders  respecto a la demanda de Iberdrola contra El Confidencial, por considerarla abusiva e intimidatoria. Pagaza y Strugarius, que fue ponente en la sombra del informe de protección de periodistas en la UE, están recabando firmas para el envío de una carta a Reynders en la que ponen en conocimiento los hechos que se han producido, que entran en la categoría de práctica SLAPP, pleito estratégico contra la participación pública, conocido por sus siglas en inglés (Strategic lawsuit against public participation).

En la misiva, las diputadas liberales ponen de relieve que la demanda de Iberdrola contra Titania Editorial, la propietaria del periódico El Confidencial, reclama al medio 17,6 millones de euros por daños al honor producidos por “sobreinformación negativa”, cuando El Confidencial factura 4 millones de euros. “La intimidación económica es evidente ya que Iberdrola ha solicitado que el importe de la indemnización se ajuste al alza si El Confidencial publicara nuevas informaciones”, indica el texto.

En este sentido, reclaman a la Comisión que “reaccione ante este abuso y utilice todos los instrumentos legislativos y ejecutivos a su disposición para evitar que estas acciones intimidatorias tengan éxito”.

Según Iberdrola, El Confidencial habría atentado contra su honor por publicar informaciones sobre los contratos de la compañía con el comisario Villarejo para presuntamente espiar a políticos, sindicalistas, activistas medioambientales, jueces y competidores.

El Parlamento Europeo llamó la atención sobre este tipo de prácticas en el estudio Safety of journalists and the fighting of corruption in the EU, publicado en 2020 . En él se indicaba que en España tanto el derecho penal como el civil ofrecen vías viables para llevar a cabo litigios judiciales estratégicos contra los actores de los medios de comunicación.  Los riesgos que se derivan de estos mecanismos se reflejan especialmente en la insuficiencia del marco español para garantizar las suficientes salvaguardias a los reporteros, agravada no sólo por la persistencia de ciertos rasgos anticuados de la ley de difamación, sino también por los desarrollos legislativos más recientes que afectan a las libertades de prensa.

Las diputadas indican además que esperan que el EU package against abusive  litigation (SLAPP) targeting journalists and rights defenders que la Comisión publicará este año sea lo suficientemente preciso para evitar que se produzcan estas situaciones que ponen en peligro la libertad de expresión.