Ciudadanos traslada al comisario Reynders los problemas del Estado de Derecho en España

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha trasladado al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, los problemas que está sufriendo el Estado de derecho en España, en especial, en cuanto a la reelección del Consejo General del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía y el cumplimiento de las sentencias judiciales, concretamente en las referidas al uso del español como lengua vehicular en la escuela en Cataluña.

En una reunión celebrada este lunes de forma telemática y en la que participaron también el jefe de Ciudadanos Europa, Luis Garicano, y la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, se abordaron los temas más preocupantes que afectan al cumplimiento del ordenamiento jurídico y la separación de poderes en España.

En un ambiente franco y constructivo, el comisario demostró conocer el caso español y expuso sus inquietudes en relación a estos temas, que verán su reflejo en el informe anual por país sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea publicará el próximo 13 de julio. Por el momento, el borrador de informe ha sido enviado ya al Gobierno, antes de hacerlo público en Bruselas, y posteriormente, probablemente en septiembre, será presentado en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo para su debate.   

Los liberales coincidieron en subrayar que hay que abordar de una vez la despolitización del CGPJ para garantizar el cese de las injerencias políticas en la justicia. En ese sentido, indicaron que la aplicación de las sentencias judiciales en toda España es otro punto clave para poder velar por los derechos fundamentales y luchar contra las prácticas antidiscriminatorias -generadas por el ultranacionalismo- que se producen en zonas concretas del territorio, como Cataluña.

Inés Arrimadas señaló que no se trata solo de una cuestión de uso de la lengua, sino de pluralismo y Estado de Derecho pues el gobierno catalán ha anunciado incluso que el año que viene no aplicará ni siquiera el 25 por ciento de la enseñanza obligatoria en español reconocida por el Supremo. 

El desacato reiterado de las sentencias fue esgrimido también por Pagazurtundua, quien indicó que ello supone una quiebra directa del derecho de acceso a la justicia y por tanto una violación del principio de no discriminación, que forma parte del concepto de Estado de Derecho. “No hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales ni de derechos en general, sino de los elementos que integran el Estado de Derecho. La no discriminación en el acceso a la justicia es uno de ellos”, planteó. “La impunidad judicial por voluntad política de un gobierno no debe ser aceptada”, añadió.

Garicano apuntó que PP y PSOE han mostrado más interés por tratar de controlar a la justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz.

En este sentido, destacó que España necesita una reforma de la Ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial que garantice su independencia para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Del mismo modo, también consideró que la Fiscalía General debe ser y parecer independiente, por lo que ha recordado el error del Gobierno al nombra a la exministra de justicia para el cargo.