La eurodiputada Maite Pagaza da cuenta en Bruselas de la posible inconstitucionalidad de la reforma del CGPJ promovida por el Gobierno

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, ha vuelto a comunicarse con los comisarios de Estado de Derecho y Justicia, Vera Jourová y Didier Reynders, para informarles del último paquete de reformas judiciales promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluidos los cambios de mayorías en el CGPJ y nombramientos del Constitucional, a la espera de que la Comisión Europea intervenga para detener la deriva populista.  “No actuar ahora supondría un ejercicio de desidia con consecuencias imprevisibles y probablemente irreparables”, indica.

Pagaza da cuenta de que los movimientos emprendidos por el PSOE para hacerse progresivamente con el órgano de gobierno de los jueces y su estrategia de atemorizarlos a través de una campaña creciente de deslegitimación, una combinación que rompe la barrera de la separación de poderes del Estado democrático.

“Una reforma que ha sido tachada por juristas y organizaciones de jueces de ‘inconstitucional’: permite fraccionar la renovación para hacerla de dos en dos, cuando la Constitución exige en su artículo 159.3 que debe hacerse de cuatro en cuatro; permite que se tipifique como delito el retraso en la renovación por parte del CGPJ y suprime la facultad de Pleno del Tribunal Constitucional de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por los nuevos magistrados”, señala.

En este sentido, se hace eco de las declaraciones de Manuel Aragón, quien fue miembro del TC entre 2004 y 2013 a propuesta del entonces Ejecutivo socialista, quien la ha calificado de “inaudita” pues rebajar a una mayoría simple la elección de los magistrados del TC, como pretende el Gobierno, es “rigurosamente inconstitucional”.

Con estos cambios, indica la diputada naranja, el Gobierno se garantiza así las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez, que aprobó hace una semana el Consejo de Ministros.

“En su visita a España para interesarse del bloqueo de 4 años de la renovación del CGPJ, usted, comisario Reynders, insistió en que España ‘debe aplicar la decisión del Consejo de Europa de que la mayoría de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces sean jueces elegidos por jueces’. La reforma va justo en contra de ese espíritu pues ahonda el control político. Vamos a pasar de un sistema en el que los grandes partidos pueden bloquear el órgano judicial, a uno en el que el partido mayoritario lo comande directamente. Es de extrema gravedad y de consecuencias inmediatas en toda la estructura judicial”, plantea Pagaza.

En este sentido, manifiesta que esta reforma coincide con otras no menos graves como es la que busca modificar los delitos de sedición, que supone implantar la impunidad de hechos ya juzgados de violación del Estado de derecho democrático y supone bajar el coste de futuros atentados contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.

Pero también con una nueva propuesta de reforma del Código Penal que añade un tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal.

Puesto que en España no hay ingreso en la cárcel por penas de dos años, “se trata de un traje a la medida de varios dirigentes independentistas procesados por malversación, tales como Lluís Salvadó y José María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente de la Generalitat e interlocutor actual del Gobierno central para las negociaciones legislativas en el Congreso”.

“La acumulación de reformas judiciales que dañan directamente el sistema democrático español, con la captura de los principales órganos judiciales por parte del Gobierno, debe ser analizado en profundidad por la Comisión Europea en el marco de su control del cumplimiento del Estado de derecho. No actuar ahora supondría un ejercicio de desidia con consecuencias imprevisibles y probablemente irreparables”, concluye.