- El vicepresidente de los liberales europeos, Luis Garicano, insta a las instituciones europeas a “hacer los deberes para que las agencias tengan recursos para luchar contra el blanqueo”
Estrasburgo, jueves 19 de septiembre de 2019. “El sistema antiblanqueo de dinero no está funcionando”, ha declarado el líder del grupo parlamentario Renovar Europa, en el debate sobre una resolución sobre el antiblanqueo de capitales acordada por las cuatro principales fuerzas políticas —populares (EPP), socialistas (S&D), liberales (RE) y verdes (Greens).
Garicano ha recordado que en una reciente comparecencia, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, ha reconocido que “faltan recursos y plantillas capacitadas para que el sistema antiblanqueo cumpla su cometido”. Por otra parte, el eurodiputado ha subrayado en el transcurso de su comparecencia que “la normativa actual no es efectiva y la reforma es necesaria para combatir otros crímenes como el tráfico de personas, de drogas y la financiación terrorista”.
El vicepresidente de Renovar Europa ha lamentado que algunos Estados miembro son los primeros interesados en no dar incentivos para luchar contra el blanqueo porque “necesitan absorber capital aunque proceda de orígenes dudosos”. “El problema”, ha apuntado Garicano, “es que el sistema es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil” y, en este sentido, “el eslabón más débil nos rompe la cadena entera”.
Garicano ha señalado la importancia de abordar medidas urgentes con el ejemplo del escándalo del Danske Bank en Estonia que supuso una operación de blanqueo de 200.000 millones de euros entre 2007 y 2015 —lo equivalente al PIB de Portugal. “Es escandaloso no porque los reguladores dejasen que sucediese”, ha aclarado, “sino porque, como dijo el EBA, no existía legislación europea”. Por ello, a pesar de que el problema afectó a dos países europeos, “los estados miembro forzaron al consejo del EBA a abstenerse de intervenir”, ha remarcado.
“Necesitamos un sistema europeo que funcione para todos” y eso significa que “El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tienen que hacer sus deberes” para que “las agencias tengan los recursos necesarios para luchar contra el blanqueo de capitales” y eso significa también “contar con una legislación eficaz directamente aplicable en toda la Unión Europea”.