• El eurodiputado de (Cs) critica que “los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE hayan abandonado a la administración de justicia” y ha exigido “condiciones dignas para el colectivo”

El eurodiputado Adrián Vázquez, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ha instado a la Comisión Europea para que tome medidas que garanticen “una retribución justa y sin retrasos a los abogados del turno de oficio españoles” y que exija al gobierno de Pedro Sánchez “una solución urgente a la situación de estos profesionales”.

El eurodiputado de Renew Europe ha denunciado en una pregunta al ejecutivo comunitario que “estos letrados reciben unas remuneraciones de entre 200 y 600 euros de media por procedimientos judiciales que implican meses o años de trabajo”“Además, los pagos acumulan inadmisibles retrasos de incluso varios meses”, ha añadido Vázquez.

“Esta situación crítica es una muestra más del abandono constante al que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE han sometido a la administración de justicia, que sufre una injustificable escasez de medios materiales y humanos”, ha resaltado el europarlamentario para incidir en que “la asistencia jurídica gratuita, y por consiguiente los profesionales que trabajan para garantizarla, son un pilar clave del Estado de Derecho”.

“No podemos tolerar el maltrato sistemático al que están siendo sometidos y exigimos unas condiciones dignas para este colectivo”, ha subrayado, ya que, según expone el eurodiputado “la actual legislación española sobre asistencia jurídica gratuita está perjudicando a más de 46.000 abogados del turno de oficio que desempeñan una labor clave para el Estado de Derecho y la salvaguarda de las garantías judiciales”.

El europarlamentario ha denunciado que “estos abogados están obligados a asistir a todos los solicitantes de asistencia jurídica gratuita y, en aquellos casos en los que tal derecho se deniega por la administración, el jurista no recibe compensación alguna del Estado por el trabajo ya realizado”.

La reivindicación de Vázquez responde a la movilización de profesionales de la abogacía, que se va concentrar este viernes a las puertas del Congreso para exigir la actualización digna y suficiente de los módulos y bases de compensación económica, periódicamente evaluada y abonada en plazos razonables.