- El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, subraya que “la interferencia en la justicia afecta gravemente a los principios de independencia y separación de poderes constitucionalmente protegidos”
Los eurodiputados de Ciudadanos, Jordi Cañas y Maite Pagaza, han preguntado a la Comisión Europea si considera que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tras negarse a facilitar información sobre la investigación que lleva a cabo un juzgado de la ciudad acerca del riesgo que supuso la celebración de la manifestación del 8-M para la propagación del coronavirus constituye una violación del Estado de Derecho y la legislación europea.
El eurodiputado de Renew Europe, Jordi Cañas, ha asegurado que “los motivos enunciados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados vulneran la ley española, concretamente el Real Decreto que regula la Policía Judicial”, y ha criticado que la decisión de Marlaska “viola órdenes directas de la magistrada instructora que exigió, vía resoluciones y en una comunicación directa al Ministerio, ‘rigurosa reserva’ sobre el resultado de las investigaciones y su ‘evolución’”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa, ha subrayado que “la separación de poderes y la no interferencia en las competencia de otros es una de las claves de los Estados de derecho democráticos”. “En estos tiempos en que nos encontramos bajo regímenes extraordinarios como es el estado de alarma es fundamental preservar que no haya malas prácticas y abusos de poder”, ha afirmado Pagazaurtundúa.
“Esto evidencia, además de un posible delito, la injerencia política en investigaciones judiciales en curso que podrían afectar a miembros del Gobierno”, ha lamentado Cañas, para transmitir al ejecutivo comunitario “la alarmante preocupación de la sociedad española y las numerosas denuncias impuestas por asociaciones de jueces y fiscales”. “La interferencia en la justicia afecta gravemente a los principios de independencia y separación de poderes constitucionalmente protegidos”, han concluido los europarlamentarios.